El Estado mexicano es responsable de violaciones graves a derechos humanos perpetradas en la guerra sucia entre 1965 y 1990, años en los que se instrumentó la violencia de manera sistemática y generalizada no sólo contra la insurgencia, sino también contra una amplia gama de disidencias y comunidades, muchos más de los que se habían reconocido históricamente, entre ellas personas indígenas, población de la diversidad sexual, refugiados guatemaltecos y periodistas.

Así lo asegura el informe final del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) de la Comisión para la Verdad, elaborado por Abel Barrera, David Fernández Dávalos y Carlos Pérez Ricart, quienes sostienen que el saldo de la represión fue de por lo menos 8 mil 594 víctimas de detención y desaparición forzada, tortura, ejecución extrajudicial, masacres y otras violencias, incluida la sexual. Además del desplazamiento forzado de 123 mil 34 personas en 113 diferentes eventos.

Los investigadores, cuya responsabilidad concluye en septiembre, afirman que la institución perpetradora por antonomasia de las violaciones a derechos humanos en ese periodo fue el Ejército, no sólo porque las fuerzas armadas hayan sido las responsables directas de gran parte de las atrocidades cometidas, sino porque constituyeron uno de los pilares ideológicos de un régimen presidencialista que se presentó ante la sociedad como civil, desmilitarizado y revolucionario.

En el informe Fue el Estado (1965-1990), que consta de seis volúmenes y que harán públicos hoy, destacan que el trabajo realizado en poco más de dos años documenta 46 masacres, dentro de las cuales se logró identificar al menos a 385 personas fallecidas. Entre ellas, las ocurridas en Monte de Chila, Puebla; en El Tajito, Sinaloa; en Yahualica, Hidalgo, y en El Ámbar, Chiapas.

El número de víctimas, resultado de esta investigación, supera lo registrado en indagatorias previas. En abril pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su Recomendación 98VG/2023, acreditó 814, que se suman a las 275 que ya había documentado en 2001.

Sobre los avances que se presentan en el informe, que ya fue entregado a la Comisión para la Verdad, presidida por el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, y que tiene como fin esclarecer lo sucedido en la guerra sucia, los investigadores resaltan que con la Comisión Nacional de Búsqueda identificaron, localizaron y exhumaron restos óseos de siete personas víctimas de violencias entre 1967 y 1971 en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, en septiembre de 2023.

La investigación advierte que además de la represión contra organizaciones político-militares, movimientos estudiantiles y obrero-sindicales –que son abordadas en el informe de la comisionada Eugenia Allier–, se logró identificar 11 conjuntos de víctimas, pertenecientes a comunidades campesinas, indígenas y afromexicanas; militantes de movimientos urbano-populares; de zonas violentadas por imposición de políticas de desarrollo y refugiados en la frontera sur de México.

El informe es parte de los trabajos de los cinco comités que conforman la Comisión para la Verdad, la cual debe entregar sus resultados antes de que concluya el periodo para el que fue creada, en septiembre próximo, ante el presidente Andrés Manuel López Obrador.