Guadalupe Barajas Piña era una joven de sonrisa generosa y buen humor contagioso. Cada mañana solía cantar alguna canción pegajosa, y era la que quedaba grabada en la cabeza de toda su familia, como el refrán del día.

Era hija de la maestra María del Tránsito Piña y el maestro Javier Barajas, los profes, como les dicen con cariño en su comunidad. Lupita era nativa de Salvatierra, Guanajuato, y como sus padres, se dedicaba al magisterio.

El 29 de febrero de 2020, cuando paseaba en el centro de su ciudad natal con un conocido, Ulises Blanco Ledesma, Lupita fue desaparecida por cuatro hombres que se la llevaron, junto con su acompañante. De inmediato la familia comenzó a buscarla, por tentativas, sin saber qué hacer, pidiendo ayuda a su alrededor, a los vecinos, entre amistades y, finalmente, a las autoridades. Nada se supo de su hija durante meses.

Salvatierra vivía una oleada sin precedente de inseguridad, homicidios, desapariciones e impunidad, la cual no cesa hasta la fecha.

Desde 2018, Guanajuato ocupa el primer lugar nacional por homicidios dolosos y la cifra de personas desaparecidas creció siete veces, pasando de 621 a 4 mil 272, de la mano de una escalada generalizada de la violencia y el hallazgo de centenares de fosas clandestinas.

En octubre de 2020, colectivos, personas solidarias y autoridades prospectaron un predio a orillas del río Lerma, cerca del céntrico barrio de San Juan, donde habían sido enterradas 80 personas inocentes. Más familiares de personas desaparecidas acudieron al lugar durante los 40 días que demoró la exhumación de las víctimas.

Impunidad, silencio y miedo imperaban en la zona. El predio pudo ser usado como campo de exterminio por bandas criminales a lo largo de los años, sin que las instituciones intervinieran. El colectivo local Ángeles de Pie por Ti lucha por construir un sitio de memoria en el predio de las fosas, pero su petición no ha sido atendida por las autoridades.

Esta realidad comenzó a ser reconocida a regañadientes por la fiscalía y el gobierno, tras el nacimiento de los colectivos de buscadoras que hoy son 25 en la entidad.

En marzo de 2021, el proceso de identificación de las osamentas de la fosa común arrojó las primeras coincidencias con los perfiles genéticos de las familias en búsqueda de sus seres queridos. Lupita y Ulises fueron identificados y sus restos restituidos a sus deudos.

Tras el hallazgo, la familia Barajas Piña no dejó de buscar a otras personas desaparecidas, se vinculó a colectivos, impulsando la búsqueda de verdad y justicia. Francisco Javier, hermano de Lupita, se integró a las labores de la Comisión Estatal de Búsqueda, pero la noche del 29 de mayo fue asesinado por dos hombres armados en motocicleta en el centro de Salvatierra, como venganza por haber encontrado a su hermana y seguir en las búsquedas.

En los últimos cinco años, otras ocho personas buscadoras han sido asesinadas en Guanajuato. Una, Lorenza Cano de Salamanca, está desaparecida, y decenas más han sido forzadas a desplazarse.

De los casos relacionados con la fosa de Salvatierra, el de la desaparición de Lupita es el único que ha avanzado y llegado a juicio. No hay más procesos abiertos, ya que la fiscalía ha optado por fragmentar la investigación de las desapariciones asociadas a estas fosas en casos individuales, conforme se iba identificando a cada cuerpo exhumado, en lugar de impulsar una investigación más integral y compleja para desmantelar las redes criminales que persisten en el municipio.

El juicio del caso de Lupita está en su etapa final, a cargo del tribunal unitario de juicio oral de la tercera región de Guanajuato. Inició el 26 de octubre de 2021, cuando se dictó auto de vinculación a proceso a cuatro imputados, identificados como quienes privaron a Lupita de su libertad, por el delito de desaparición cometida por particulares. Uno ya fue condenado y sentenciado a 35 años de prisión, en junio de este año, por el homicidio de Francisco Javier Barajas Piña.

El pasado 15 de julio, después de 13 meses de diferimientos atribuibles a la defensa de los acusados, inició el juicio oral. En un mes de audiencias, se desahogaron diversas pruebas de cargo presentadas por la fiscalía guanajuatense que acreditan responsabilidades en la desaparición de Guadalupe Barajas.

La fiscalía general de Guanajuato sigue enfrentando el reto de garantizar la seguridad de los testigos, para que juicios complejos como éste lleguen a tener justicia. Sin embargo, en este caso existen pruebas suficientes para atribuir la responsabilidad en la comisión de la desaparición a cargo de los acusados y dictar una sentencia condenatoria en la audiencia el martes 20 de agosto.

De hecho, un testigo presencial más pudo identificar directamente a los imputados, así que será fundamental el valor que se dé a las mencionadas pruebas para la determinación final: la resolución respecto a la autenticidad, veracidad e integridad de las pruebas está en manos de la juzgadora y será materia de la sentencia definitiva.

Guanajuato y el país deberán estar atentos al primer caso que llega ante la justicia, en relación con la megafosa de Salvatierra. Ojalá sea el comienzo de un proceso de sanación de la profunda herida que ha dejado en la memoria y el tejido social.

*Periodista italiano