El ex gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, reiteró que en la acusación en su contra por parte de la Fiscalía Anticorrupción del estado por un presunto desfalco de 98.6 millones de pesos al erario, por un contrato irregular para restructurar la deuda pública estatal en el último año de su gestión (2021) “no interesa la verdad ni la justicia, sino que prevalece un ánimo de venganza de la gobernadora (María Eugenia Campos) ante el combate a la corrupción que mi administración llevó a cabo”.

En un mensaje publicado en la res social X, explicó que este asunto se basa en un expediente abierto por la Auditoría Superior del Estado en diciembre de 2021 y “en el que se ha impedido, tanto a ex-funcionarios de mi gobierno como al propio Despacho López Elías Finanzas Públicas S.C., que asesoró en la reestructura de la deuda pública estatal, la presentación de evidencias que desacreditan los supuestos hallazgos”.

Afirmó que el trabajo realizado por el despacho contratado “está soportado en 23 tomos con más de 14 mil 500 hojas que detallan las actividades realizadas y debidamente registrado en las actas de entrega-recepción, así como en más de 4 mil 500 comunicaciones electrónicas entre el @GobiernoEdoChih y las instituciones financieras participantes”.

Añadió que “decir que no existió el trabajo realizado o imputarme responsabilidades en dicho proceso, sólo confirma que la mentira sigue siendo la divisa de la actual administración estatal: se miente a las autoridades judiciales para obtener órdenes de aprehensión, y se le miente después a la sociedad con la complicidad de medios comprados con dinero público”.

Acusó que las declaraciones de Abelardo Valenzuela Holguín, titular de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, “sólo demuestran que lo que se busca es un linchamiento mediático y es una reacción a los señalamientos que hecho respecto al pacto de impunidad que hoy se vive en Chihuahua, en donde los corruptos caminan libres por las calles y quienes combatimos la corrupción somos denostados y perseguidos”.

Recalcó que “habría que echar la luz a los 10 contratos que María Eugenia Campos le ha dado a

Ernesto Cordero, por una suma de 33 millones por una supuesta asesoría financiera para adquirir más deuda pública y ‘reestructurar’ créditos, o por qué no, observar los contratos, varios de ellos por adjudicación directa, por más de 243 millones del erario que la gobernadora ha pagado a su pareja sentimental Víctor Cruz Russek”.

“Claro que eso no ocurrirá, porque el “fiscal autónomo” está ocupado en las instrucciones precisas de su jefa de continuar con la persecución política en mi contra”.