Chihuahua, Chih. La causa penal contra Javier Corral Jurado fue iniciada por la Auditoría Superior del Estado (ASE) y el auditor Héctor Acosta Félix, que fueron propuesta del propio ex gobernador durante su mandato (2016-2021) y ratificados por mayoría calificada del Congreso local en el año 2018, respondió el secretario de Gobierno estatal, Santiago de la Peña Grajeda, a la acusación por parte del ex mandatario de que el caso es persecución política.

“La gobernadora (María Eugenia Campos) en ningún momento participa en el proceso, recordemos que el procedimiento que se sigue no es iniciado desde el Poder Ejecutivo del estado de Chihuahua, es iniciado por la Auditoría, que fue propuesta por el gobernador Corral en algún momento de su mandato, y fue ratificada por el Congreso de entonces, con mayoría calificada”.

“Este auditor (Héctor Acosta Félix) que él mismo propuso, yo creo que no podría acreditarse mayor objetividad, si nos remitimos a que fue él (Corral) quien designó al auditor, y este auditor es quien presenta la denuncia, al encontrar evidencia de irregularidades o actos de corrupción hasta por 98 millones de pesos”.

El secretario de Gobierno de Chihuahua señaló que Javier Corral ha llegado a un lenguaje “esquizofrénico”, pues la Fiscalía Anticorrupción actuó derivado de la denuncia de la Auditoría, hace la investigación y pide a un juez la orden de aprehensión, apegada a derecho, “y es el juez quien gira la orden de aprehensión, la gobernadora del estado no tiene participación alguna en este proceso.”

“Vemos un lenguaje cargado de adjetivos y descalificaciones a las mismas instituciones que él utilizó para una supuesta cruzada en contra de la corrupción que hoy las desestima, pretende mancharlas desde su púlpito que él presenta como inmaculado, dice no creer en la justicia del estado de Chihuahua, justicia a la que él apelaba o instituciones que él utilizó”.

Santiago de la Peña emplazó a que Corral se presente ante el juez de la causa y dé las explicaciones que tenga que dar, si no hay delito que perseguir, entonces no hay nada qué preocuparse.

En publicaciones en sus redes socio digitales, Javier Corral anunció que no responderá a las instituciones de justicia de Chihuahua.

“Lo que se busca es un linchamiento mediático y es una reacción a los señalamientos, respecto al pacto de impunidad que hoy se vive en Chihuahua, en donde los corruptos caminan libres por las calles y quienes combatimos la corrupción somos denostados y perseguidos”.

Sobre la causa penal en su contra, por el desfalco de 98.6 millones de pesos que Corral cometió presuntamente al contratar un despacho de manera irregular, para la reestructura de la deuda pública del estado, afirmó que se ha impedido, tanto a ex-funcionarios de mi gobierno como al propio Despacho López Elías Finanzas Públicas S.C., la presentación de evidencias”.

“En este caso no interesa la verdad ni la justicia, sino que prevalece un ánimo de venganza de María Eugenia Campos”.

“La reestructura de la deuda trajo importantes beneficios: reducción de la tasa de interés, liberación de recursos y ahorros por más de 7 mil millones de pesos, que nos permitió sanear en parte las finanzas, hacer obra pública, soportar coyunturas complejas”, aseguró Corral Jurado.