Ciudad de México. Las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) en torno al traslado ilegal de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López a Estados Unidos el pasado 25 de julio, han detectado que su vuelo se hizo en un avión con matrícula “clonada” que la aeronave partió de una pista ubicada en Culiacán, Sinaloa.

Asimismo, el Ministerio Público Federal detectó diversas irregularidades en la investigación y procesamiento del lugar donde según la versión oficial, el ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén, fue asesinado, entre otras, que recibió un fuerte golpe en la cabeza, se localizaron evidencia de haber recibido cuatro disparos de arma de fuego en las piernas; el video de la gasolinera donde supuestamente fue asesinado en un intento de robo “tiene sonido y sólo se escucha un disparo”, y “los tres empleados de la gasolinera no refieren haber escuchado disparos”, tampoco “se identifica con precisión la fisionomía de los ocupantes de la camioneta”, la fiscalía sinaloense no realizó los peritajes de “mecánica de hechos del evento” y “no se procesó criminalísticamente el lugar de los hechos, ni el vehículo”.

Lo anterior, forma parte de informe que la FGR dio a conocer respecto de la investigación de lo sucedido con Ismael El Mayo Zambada, uno de los líderes del Cártel de Sinala, quien fue trasladado a Nuevo México, Estados Unidos, de manera “obligada”, presuntamente por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán.

La FGR informó que la “razón prioritaria de la investigación que inició el Ministerio Público Federal” en este caso se fundamenta en el artículo 123 del Código Penal Federal que establece una pena de prisión de 5 a 40 años, al mexicano que cometa traición a la patria; señalando también que es responsable de ese delito, el que prive ilegalmente de su libertad a una persona en el territorio nacional, para entregarla a las autoridades de otro país, o trasladarla fuera de México con tal propósito.

Explicó que para esclarecer lo sucedido “las pruebas fundamentales para acreditar ese delito se encuentran dentro del territorio de los Estados Unidos; y están vinculadas directamente con un vuelo ilegal; con un avión de matrícula clonada; y con una conducta absolutamente irregular de quien piloteó ese avión y que ocultó toda la información de su vuelo en territorio mexicano, hasta que llegó a la frontera, donde ya dio solo el aviso de su aproximación y aterrizaje en territorio de los Estados Unidos, en donde ya lo estaban esperando”.

Indicó la FGR que en esta indagatoria “se realizó una diligencia ministerial y de investigación policiaca en el aeropuerto Doña Ana, en Santa Teresa, Nuevo México, con la autorización del gobierno de ese país, sin que se obtuvieran los datos necesarios para lograr establecer las responsabilidades ya referidas”.

Ante ello, el área de Asuntos Internacionales de la FGR, e INTERPOL-México, han solicitado formalmente al Departamento de Justicia de los Estados Unidos los documentos relacionados con la “autorización previa de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) del vuelo”, el documento de la información anticipada sobre los pasajeros (API)”.

Asimismo, el “informe del sistema de seguridad de radares de los Estados Unidos en la zona fronteriza con México”, la constancia de las autoridades migratorias sobre la recepción de ese vuelo en el aeropuerto de Santa Teresa, la constancia de aduanas sobre identificación y revisión de personas y pertenencias; los datos de identificación del piloto y el número de matrícula que llevaba el avión al momento del aterrizaje, legalidad y origen de la misma.

Respecto de la aeronave también se solicitaron los registros aeronáuticos de la Federal Aviation Agency, sobre la matrícula y serie de la aeronave, incluyendo análisis histórico y “si el número de serie que aparece en la puerta de la aeronave, así como la matrícula N287KA, son los legales”.

Asesinato de Cuén

La FGR expuso que por lo que toca al homicidio de Héctor Melesio Cuén los peritos y analistas de la AIC-FGR han detectado que en la la necropsia realizada por autoridades de Sinaloa “no se establecen de forma correcta, los signos cadavéricos inmediatos, temperatura, signos tanatológicos, livideces, ni la descripción correcta y evolución que tuvo el cuerpo”. y que “habiendo manchas de sangre humana en la batea de la camioneta, no hay ni peritajes, ni determinaciones al respecto”.

De acuerdo con lo señalado por la FGR, las autoridades sinaloenses “tampoco se cumplieron las medidas de preservación del cuerpo, permitiéndose una incineración”.