La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó en junio pasado que no hay elementos que acreditaran violaciones a los derechos humanos de una ex colaboradora del titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), David Aguilar Romero.

No obstante, la comisión dio vista al Órgano Interno de Control (OIC) de Profeco para que investigue las posibles faltas administrativas relacionadas con este caso y recomendó a la quejosa continuar con el trámite de la denuncia penal que inició ante la Fiscalía General de la República y la SFP, “y aporte las pruebas pertinentes”.

Desde el 28 de junio, la Sexta Visitaduría General notificó a la ex colaboradora el cierre del caso pues derivado “del análisis practicado al escrito y de la evidencia obtenida, se advirtió que no existen elementos que acrediten violaciones a los derechos humanos” y le recordó que no aceptó una prueba pericial en sicología ante la CNDH.

La comisión señaló que la prueba tenía como objeto “poder continuar con la presente investigación y estar en posibilidad de allegarnos elementos probatorios suficientes y poder valorarlos en su conjunto”.

El oficio V6/04487 fue emitido con esa fecha de junio y recibido un mes después, el 23 de julio, por la Subprocuraduría Jurídica en Profeco.

En el documento, la CNDH también resaltó que “no existe ningún antecedente previo de que haya formulado alguna queja ante el Comité de Ética o en el Órgano Interno de Control de la Profeco, por el cual se advierta que personal de ésta haya sido omiso en atender su reclamo conforme al Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual del 3 de enero de 2020”.

La CNDH resaltó que la afectada no volvió a comunicarse de forma telefónica o por escrito, después de rechazar el análisis sicológico, lo que impidió continuar con la investigación.

En el oficio, la CNDH incluyó una revisión de las comunicaciones por mensaje entre el titular de la Profeco y la denunciante, así como la versión del funcionario, y le notificó el informe el 22 de mayo por medio de la llamada de una visitadora ajunta.

“Reiterándole que estaba a su disposición el expediente para su consulta minuciosa; ocasión en la que manifestó que el procurador es un acosador sexual, que estuvo amenazada de muerte por un año, pero ya que se ‘sintió libre’ acudió a denunciar en la Fiscalía General de la República y en la Secretaría de la Función Pública, donde se encuentran en trámite sus denuncias, sin embargo, no confía en que las instituciones mexicanas le administren justicia, sin aportar mayores elementos de prueba ni los números de expedientes de las referidas denuncias”.

En su queja del 4 de abril, la ex colaboradora de Profeco sostuvo que fue víctima de acoso sexual y amenazas por el entonces coordinador general de educación y divulgación, actualmente procurador federal, y que si no presentó una queja ante el Comité de Ética fue porque esta instancia es presidida por Aguilar Romero.