Ciudad de México. La sesión que se llevaría a cabo este jueves en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para analizar y eventualmente aprobar que el mando de la Guardia Nacional (GN) sea devuelto a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue pospuesta, y se realizará el jueves de la próxima semana.

Mediante un oficio dado a conocer esta tarde, el presidente de la citada comisión, Juan Ramiro Robledo (Morena), informó que “por razones de agenda extraordinaria y espacio”, la reunión fue reprogramada para el día 22 de agosto a las 11 horas, en el Salón Legisladores, Edificio A de San Lázaro.

En el texto de la iniciativa que iba a ser discutida hoy, se advierte que “en México, el crimen organizado ha generado profundas afectaciones en la vida económica, política y social del país, particularmente, a partir de 2007”.

Los grupos de la delincuencia organizada “participan en la producción, trasiego y comercialización de drogas ilícitas; secuestro y extorsión; trata de personas, reclutamiento forzado y explotación de niños, niñas y adolescentes y personas migrantes; robo de hidrocarburos” y otros ilícitos “que perturban gravemente los derechos y las libertades individuales y colectivas, y erosionan el tejido social”.

De igual forma, el texto puntualiza que “el 11 de diciembre de 2006, el entonces presidente Felipe Calderón inició la estrategia de seguridad conocida como ‘guerra contra el narcotráfico’, en la que utilizó a las Fuerzas Armadas para enfrentar al crimen organizado. Esta estrategia fallida se desarrolló sin respeto alguno a los derechos humanos y sin considerar a las víctimas, a las que la administración de Calderón calificó como daños colaterales”.

Dicha forma de actuar “no logró reducir la violencia criminal, sino que la exacerbó, lo que provocó la descomposición institucional y la crisis social y de derechos humanos más grave que ha sufrido nuestro país en su historia”.

En contraposición, señala el proyecto de dictamen que será analizado y votado hoy, “la actual administración ha instaurado una nueva Política de Seguridad Pública basada en el respeto de los derechos humanos, en la construcción de la paz y en la seguridad pública con fuerzas policiales altamente profesionales y capacitadas, las cuales sólo pudieron obtenerse de personal con origen militar para conformar la GN”.

Al justificar las modificaciones que se harían en 12 artículos de la Constitución, la iniciativa refiere que, “para hacer frente a la delincuencia, la GN debe contar con dinámicas de operación al nivel requerido para proteger a la población”, por lo que debe quedar a cargo de la Sedena.

“Dicha adscripción no se refiere a que la corporación cumplirá con funciones de ejército en estado de guerra ni de excepción, sino que se regirá por normas y principios de seguridad pública, que contrario al uso de las Fuerzas Armadas del pasado, están obligadas a respetar los derechos humanos y solo actúan en el marco de la ley. La reforma constitucional propuesta, obedece a una disciplina que, en cuanto a su formación, es militar, pero en cuanto a su acción, es policial”, recalca el texto.

El documento indica que la Sedena, “si bien está a cargo del ejército y la fuerza aérea, también es una dependencia de la Administración Pública Federal que bien puede hacerse cargo de la administración y control operativo de la GN, dado que, por las funciones que esta desempeña, se requiere de un sistema administrativo y operativo similar al del ejército”.