Buenos Aires. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axell Kicillof anunció este jueves la creación de una Unidad Especial Provincial destinada reforzar la búsqueda de las Abuelas de Plaza de Mayo de los hijos de desaparecidos durante la última dictadura militar, que los consideró como un “botín de guerra”, un día después que el presidente, Javier Milei, y la vicepresidenta, Victoria Villarroel, anunciaron que se desmantelaba la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) una institución que ha sido apoyada en todos los países del mundo.

De este organismo dependía la Unidad Especializada, y su desaparición dejaba a las Abuelas de Plaza de Mayo sin posibilidades de continuar su búsqueda incansable con más de 130 hijos de desaparecidos rescatados, que recuperaron su identidad y sus familias,

Precisamente después de una reunión con la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, se decidió crear la nueva Unidad Especializada en este caso provincial, como una respuesta inmediata ante el desmantelamiento de la Conadi

En su avance destructor de todos los organismos creados, en el caso de los Derechos Humanos como el del derecho a conocer la verdad, después de una dictadura que dejó 30 mil desaparecidos, asesinados y miles de exiliados.

Fue el trabajo de las Madres de Plaza de Mayo, que comenzaron con una ronda solitaria en los años 77 ante la casa de gobierno (Rosada) donde estaban los integrantes de la primera junta que se conformó después del golpe cívico- militar del 24 de marzo de 1976, lo que abrió el camino a la memoria, la verdad y la justicia.

Esto llevaría a la conformación de Comisiones de sobrevivientes, familiares, hermanos y de Hijos de desaparecidos, que hicieron posible la reconstrucción de aquellos años de terror y muerte a lo que hay que añadir el trabajo de los abogados, de los investigadores y periodistas.

KIcillof sostuvo que se van a poner recursos la Provincia a disposición” considerando que esto es un “escudo” ante las política nacionales”, recordando además que aunque se desmanteló la Conadi no lo pudo cerrar porque se necesita una ley.

Todo esto sucede cuando continúa el problema de los seis diputados oficialistas que visitaron a los detenidos juzgados por crímenes de lesa humanidad, durante la pasada dictadura que no prescriben presos, no sólo en la cárcel de Ezeiza, sino también se sabe ahora en los cuarteles de Campo de Mayo, en cumplimiento del proyecto oficial de liberarlos.

Kicillof recordó que una de las razones por las cuales decidió crear la Unidad Especializada es que “50 por ciento” de los aproximadamente 300 nietos  no han sido encontrados aún son de la provincia de Buenos Aires, considerando además que desmantelar a la Conadi “es un delito federal” y es ilegal que el gobierno no continúe con las políticas de Estado,

Por otra parte empleados de La Comisión Nacional de Actividades Espaciales de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunciaron y repudiaron un acuerdo de colaboración con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos advirtiendo que la intromisión extranjera tuvo como objetivo de inteligencia conocer los avances en materia de desarrollo espacial en Argentina.

Los integrantes de la Fuerza Espacial de Estados Unidos (una de las seis ramas en que se dividen las fuerzas armadas de ese país) visitaron la Conadi “para explorar áreas de mutua colaboración”, lo que los trabajadores consideran como una entrega de ese organismo al gobierno estadunidense, manifestando su “inquebrantable compromiso para trabajar en el uso de nuestras capacidades con fines pacíficos y orientadas al desarrollo sostenible”.

Además repudian cualquier acercamiento que implique colaborar en algún tipo de actividad con las fuerzas armadas de un país extranjero, “situación que se acentúa en el caso de Estados Unidos dado su historial promoviendo golpes de estado e invasiones militares alrededor del mundo».

A esto se añade otra denuncia reciente sobre la visita de militares de Estados Unidos, que podrían hacerse cargo de la Fábrica de municiones situada en la provincia de Córdoba, para producir en función de las necesidades de Ucrania.

Por otra parte la Cámara de Casación el mayor tribunal penal a solicitud de sobrevivientes de la pasada dictadura y organismos de derechos humanos envió un mensaje contra el intento del actual gobierno de arrasar con las políticas de verdad y justicia recomendó a los tribunales que intervienen en juicios por crímenes de lesa humanidad que preserven la documentación y los sitios de memoria, que son los espacios donde los delitos aberrantes se perpetraron.