Ciudad de México. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó hoy un dictamen mediante el cual la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) recuperaron el carácter de “empresas públicas del Estado mexicano”, lo cual –afirmó Morena y sus aliados—significa un paso más en la recuperación de la “soberanía energética” del país.

De igual forma, se avaló que “no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en el área estratégica del servicio de Internet que provea el Estado y el litio”.

En una discusión que se extendió por más de tres horas y media, los diputados modificaron los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, después de un debate en el que se confrontaron las posturas de quienes defendieron la prevalencia de las empresas públicas en el sector energético y quienes argumentaron que se debe permitir mayor participación de la iniciativa privada en ese ámbito.

El texto del dictamen estableció que “el modelo actual del sector eléctrico pone en riesgo el suministro de electricidad al no cumplir cabalmente con los criterios de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad”, debido a que en la reforma de 2013 “se dio apertura a la participación de las empresas privadas en las actividades de generación, suministro calificado (grandes industrias), suministro básico (doméstico) y a la creación de un Mercado Eléctrico Mayorista de manera desordenada”.

Asimismo, indicó que la mencionada reforma de hace 11 años “estableció un nuevo régimen para la CFE, convirtiéndola en una Empresa Productiva del Estado y a su vez, dividiéndose en Empresas Subsidiarias por actividades específicas, lo que provocó pérdidas económicas debido al entorpecimiento de sus actividades al no poder realizarlas de manera integral”.

En favor de la iniciativa, legisladores de Morena argumentaron que el propósito de la misma era “fortalecer a la CFE para garantizar la seguridad y la soberanía energética” y “devolver lo que le fue arrebatado al pueblo de México de manera brutal en la reforma energética de Peña Nieto en 2013, que fue apátrida y mercantil”.

Asimismo, resaltaron que cambiar el estatus jurídico de la CFE como “empresa productiva del Estado” fue una “trampa”, pues se permitió que compitiera en igualdad de circunstancias “con monstruos trasnacionales” que tuvieron prioridad en la generación de electricidad, por lo que la compañía nacional estaba en riesgo de desaparecer.

En contraposición, legisladores de PRI y PAN defendieron los resultados de la reforma de 2013 en la materia y consideraron que el dictamen de Morena y sus aliados le cierra la puerta a los inversionistas privados, desincentiva la eficiencia y la modernización y no garantizaba una transición energética hacia fuentes menos contaminantes. En ese marco, el blanquiazul Héctor Téllez se dijo “en contra del estatismo y populismo energético”.

El panista Santiago Torreblanca –quien participó en la sesión a distancia, desde una habitación de hotel donde se percibía ropa en desorden en la cama—alertó que los recursos que le dedica el Estado a subsidiar a la CFE podrían destinarse a rubros como la educación y la salud, y acusó al partido mayoritario de tener “privadofobia”.

Luego de que la reforma se aprobara en lo general, Marco Rosendo Medina (Morena) presentó una reserva que proponía, entre otros aspectos, cambiar el estatus de CFE y de Pemex a “empresas pública del Estado”, además de recalcar que las empresas privadas “en ningún caso tendrán prevalencia” sobre la CFE, y exigir que el litio también sea considerado como un bien “estratégico” de la nación.

Además, propuso que las concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones serán otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, lo cual implica que dicho organismo autónomo quedaría fuera de la reforma que extingue a esas entidades.

Medina también especificó que el Estado “quedará a cargo de la transición energética y utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la nación con el fin de reducir las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero”.

Además, propuso un artículo tercero transitorio para “resarcir la reforma de 2013”, y cuyo contenido es: “se derogan los artículos transitorios del decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Constitución en materia de energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 2013 que se opongan a las disposiciones en materia del presente decreto”.

Al intervenir, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo, recalcó que las empresas privadas siempre tienen fin de lucro, con una visión individualista, mientras que las públicas buscan cubrir fines sociales, especialmente en países con altos niveles de desigualdad.

Defender la “prevalencia” de la CFE sobre la generación de electricidad y la recuperación del servicio de transmisión, dijo, “es un pequeño paso que recobra la rectoría del Estado de manera plena, no sólo la rectoría regulatoria”.

El dictamen fue aprobado por 21 votos a favor, de Morena y sus aliados, y 16 en contra, de los partidos de oposición.