La historia de las expropiaciones se ha visto matizada por continuos reclamos, engaños o apañes. Ya sea porque no se pagaron a su tiempo debido, porque lo hicieron a precios menores, indebidos, o porque, de plano, se escamotearon los recursos y se terminaron desviando. Atestiguar lo contrario es asistir a un festín digno de celebración.

Lo trágico es que los actores ofendidos son casi siempre ejidatarios o gente sencilla, con escasos recursos y poca educación. Bien porque no supieron valuar debidamente sus tierras, porque se aprovechó su desconocimiento legal, fueron traicionados o cayeron en manos de truhanes. El caso común deriva de la petición de que se escuchen sus protestas ignoradas. Tal vez porque fueron, con frecuencia, bastante tiempo de después de haber sucedido la indebida venta, incautación o llano despojo.

Por estos mojados días asistimos a un caso que bien puede ser paradigmático, en especial por sus graves consecuencias. Un conjunto de ejidatarios –décadas después de la expropiación de sus tierras– toman autopistas y las mantienen cerradas por días. Exigen compensación por sus 41 hectáreas, alegadamente mal pagadas, que sirvieron para la construcción de una de las autopistas cruciales del país: la que corre entre la Ciudad de México y la capital poblana.

El valor tasado en ese momento fue de 176 millones de pesos. Liquidación de la que se sesgó, dicen, a buena parte de los propietarios. Comparado con el daño causado por el cierre total, complementado con el cierre del arco norte, tal monto parece hasta ridículo. Lo ha de ser también la cantidad solicitada como complementaria. La versión oficial del violento suceso ha sido, por demás, tardía, torpe y confusa. Tres o cuatro días detenida una caravana inmensa de vehículos de toda clase, es algo inusitado. La espera de los terceros afectados ha sido por demás injusta, indebida, costosa.

Hasta este día todavía no está claro quiénes fueron los encargados de la negociación para compensar lo subvaluado. El reclamo lleva ya varias décadas sin que se logre avenencia y apacigüe ánimos alebrestados. Aquí se involucra al gobierno estatal de Puebla, tal vez a algún municipal, pero en especial al federal. Se trata de una carretera entre dos entidades de las más pobladas, administrada por una agencia federal.

La circulación vehicular se cuenta por miles de unidades y los afectados han sido bastantes más, incontables. No sabemos, siquiera, cuántos y en qué forma o circunstancias lo fueron. El recurso de citar la política de no represión tiene un lugar muy lateral en este dramático caso. Sí, es una política legítima, respetable, pero sostenida contra viento y marea conduce a pagar costos evitables, indebidos. En este preciso caso no puede usarse como excusa o justificación. Al menos para lo prolongado del diferendo.

La tolerancia hacia grupos de toda índole, composición, número o justicia en sus reclamos, ha llegado a extremos que no deben continuar. Los daños ocasionados a propiedades –públicas y privadas– derechos humanos de terceros y, por consiguiente, a la economía y resistencia pacífica en el país es considerable. 

Hoy día, cualquier persona, por cualquiera ofensa que porte, se atreve a bloquear una calle, una arteria principal, carretera, caseta, viaducto, vía de tren o autopista. No parece haber manera de ejercer la ley con prontitud y justicia. La Constitución, en este menester, sale mellada, hasta sobrando. Cuando interviene la autoridad, en concreto, sólo es, en innumerables casos, para amedrentar a los infractores. Nunca se llega a saber de castigo alguno, menos de penas infligidas para resarcir a los afectados y que nada tuvieron que ver en el conflicto.

En el suceso que nos ocupa, la ausencia de la fuerza pública ni siquiera estuvo presente para evitar posibles enfrentamientos o destrozos a la vía de comunicación, tal como ocurrió. La búsqueda de injerencias a trasmano tampoco suavizan la poca energía mostrada a todos los niveles gubernamentales. Sin duda hubo circunstancias álgidas entre los actores, ya sea en sus propiedades, en sus intereses, en sus estados de ánimo, paciencia o salud incluso.

Los detalles ocurridos en esos días, quedan cortos en cualquier intento de cuantificarlos. Los cálculos de 10 mil millones de pesos, adelantados por las asociaciones de transportistas y comerciantes, pueden ser exagerados pero, tal vez, no caen muy lejos de la realidad. Mucho de la crítica ha circulado con prestancia, pero bien podría ser más virulenta, de peor talante o profundidad.

En especial tratándose de los tiempos finales de un gobierno que lo hace aparecer distante de las molestas afectaciones cotidianas. El deslinde de actitudes reaccionarias que, como siempre, solicitan mano dura y represión, tampoco allana frustraciones, quebrantos y dolores de los que padecieron por la inoperancia de la autoridad.