La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) zanjará una demanda que alega que la agencia discriminó a empleadas embarazadas, informaron los abogados de las demandantes.
En un comunicado de prensa, los abogados de las empleadas de la CBP confirmaron este martes que se había acordado el pago de 45 millones de dólares como parte de una demanda colectiva en la que participan casi mil 100 mujeres. Los abogados comentaron que el acuerdo también incluye la implementación de reformas por parte de la CBP para combatir las prácticas discriminatorias.
La demanda, interpuesta en 2016 ante la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo, afirmaba que existía una práctica generalizada en CBP de asignarles a las agentes y a las especialistas agrícolas tareas ligeras cuando quedaban embarazadas. La CBP no les daba la oportunidad de permanecer en su puesto con o sin adecuaciones para su condición, según la demanda.
Esto significaba, según la demanda, que las embarazadas perdían la oportunidad de trabajar horas extra, de recibir primas por trabajar domingos o por las noches, y de ser ascendidas. Además, las mujeres a las que se asignaban tareas ligeras tenían que renunciar a la portación de un arma de fuego y quizá tenían que volver a certificarse para portarla de nuevo.
“Anunciar mi embarazo a mis compañeros y a mi supervisor debería haber sido una ocasión feliz, pero pronto quedó claro que la noticia no había sido bien recibida. Se dio por sentado que ya no podía realizar mi trabajo eficazmente por el simple hecho de estar embarazada”, declaró Roberta Gabaldon, principal demandante del caso, en un comunicado de prensa.
La CBP había argumentado que asignarles tareas ligeras a las mujeres embarazadas no era su política habitual e indicó que cualquier malentendido sobre su política de tareas ligeras se limitaba a un puñado de oficinas y no era una práctica generalizada, según el fallo de un juez el año pasado que certificó el caso como demanda colectiva.
En un comunicado el miércoles, la CBP dijo que no podía hacer comentarios sobre los casos en litigio. La CBP elogió a sus casi 7 mil mujeres agentes y dijo que su política de baja por maternidad se adhiere a la ley federal y que los gerentes están siendo capacitados para asegurar su cumplimiento.
El acuerdo de conciliación aún debe ser ratificado por un juez. Las mujeres demandantes recibirán una copia del acuerdo y podrán plantear objeciones, aunque los abogados dijeron que ya habían estado en contacto con muchas de ellas y confiaban en que sí lo aceptarían. El inicio de un juicio estaba programado para septiembre.
