El proyecto de reforma del Poder Judicial, y en especial la propuesta de elección popular de jueces y magistrados, se traducirá en incertidumbre jurídica para empresas que podrían ya no invertir en México o se irán del país, plantearon la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y organizaciones de abogados y expertos en derecho.

Luis Asali Harfuch, del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, resumió así los argumentos vertidos en una conferencia de prensa convocada por José Medina Mora Icaza, presidente del organismo patronal: Lo que se está recetando como medicina es el más letal de los venenos. De ninguna manera ayuda a eliminar la corrupción y sí coadyuva a eliminar el contrapeso y la independencia judiciales.

Las y los representantes de diversos organismos coincidieron en su rechazo a varios puntos de la iniciativa de cambiar la procuración de la leyes y se quejaron de no haber sido escuchados por el oficialismo, pues los parlamentos abiertos no fueron tan abiertos, sostuvo Medina Mora.

Alientan cambio en fiscalías

El dirigente empresarial reconoció que es necesaria una reforma al Poder Judicial, pero no una que ignora las fortalezas del actual sistema, además de que la discusión debe considerar también a las fiscalías, pues se trata de un sistema integral.

En la visión de los conferencistas, la elección popular puede comprometer la independencia judicial, y alejaría a nuestro país de los estándares internacionales en la materia.

Mariana Campos, directora de México Evalúa, declaró: Estamos frente a un ataque a la independencia del Poder Judicial, que tendría entre sus efectos negativos responsabilidades internacionales por incumplimiento de instrumentos firmados por México, como el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Si los juzgadores son electos por sufragio de la ciudadanía, sostuvieron los conferencistas, puede abrirse la puerta a presiones de grupos de interés contrarios a la imparcialidad que deben guardar la leyes.

También criticaron que, desde el gobierno, se asegure que la elección no tendría un impacto presupuestario. Con ello, se busca disimular los costos de esta elección y se deja de lado que ha habido una disminución del gasto autorizado al Poder Judicial, pese a que estamos lejos de cumplir con los estándares internacionales (18 jueces por cada 100 mil habitantes, cuando en México tenemos sólo cuatro).

Nuhad Ponce Kuri, de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, sostuvo que la propuesta a debate no garantiza que el proceso de impartición de justicia sea de mejor calidad y que es poco factible que la ciudadanía pueda realmente conocer los perfiles de todos los aspirantes para elegir de manera razonada y objetiva.

En 2021, la asociación citada rechazó la reforma energética con argumentos similares: que lesionaría los principios de certeza jurídica y confianza legítima. Los cuestionamientos a la iniciativa enviada por el Presidente de la República ya han tenido un primer logro: ese no va a ser el proyecto que se va a votar en el Congreso en septiembre, sostuvo Andrea Rovira del Río, del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM).

El propio jefe del Ejecutivo federal ha tenido expresiones, señaló la abogada, que reconocen la complejidad de los costos y los tiempos de implementación.

Es preciso que el gobierno y sus legisladores, siguió la representante del ICAM, escuchen a las agrupaciones de abogados de empresas porque finalmente los inversionistas los escuchan a ellos: somos quienes los convencemos de que México es lugar para invertir.