De ser aprobada en sus términos, la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) incumpliría compromisos internacionales que México firmó en instrumentos como la Carta de la OEA, e incurriría en responsabilidad ante las instancias internacionales, advirtió Jesús Orozco Henríquez, excomisionado vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En el segundo día de trabajos del “Encuentro Internacional sobre Independencia Judicial”, Orozco Hernríquez coincidió en la misma mesa con expertos, académicos y juzgadores que la iniciativa presidencial vulnerara la independencia judicial y el acceso efectivo a la justicia, a través de cambios como la nueva forma de elegir por el voto popular a los jueces y magistrados del país.

Y aunque reconoció que es necesaria una reforma al PJF en México, urgió a que esta sea apegada a estándares interamericanos e internacionales sobre derechos humanos.

“Abrirían las puertas a eventuales cuestionamientos ante las instancias internacionales competentes”, dijo el académico de la UNAM y también exmagistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Expuso que al pretender que la elección de jueces “haría prevalecer en los hechos los intereses políticos sobre los de mérito y calidad profesional”; y que al prever periodos breves para la judicatura en el encargo y condicionar su estabilidad y permanencia a su reelección, “podría incrementar el riesgo de que los candidatos busquen complacer a los votantes, financiadores de campañas, factores reales de poder o incluso integrantes del crimen organizado”.

“Al prever que las eventuales faltas de quienes integran los tribunales sean resueltas por un tribunal de disciplina judicial de elección popular, previa postulación de los órganos ejecutivo y legislativo, no sólo es incompatible con estándares interamericanos por la intromisión de ramas políticas de gobierno en la conformación del órgano de disciplina judicial, sino también por los riesgos que conlleva encomendar a un órgano de elección popular dicha tarea”, dijo.

Además, señaló, al establecer que las decisiones del tribunal de disciplina judicial sean definitivas e inatacables y por lo tanto no proceda a juicio ni recurso alguno en su contra, viola el derecho a recurrir el fallo previsto en el artículo 8 párrafo 2, inciso h de la convención americana.

En la mesa, la jueza Juana Fuentes Velázquez, directora nacional de la JUFED, propuso llevar una reforma al Poder Judial que empiece por trasladar a todos los actores que participan en la Procuración de Justicia y Administración de Justicia a los Poderes Judiciales.

“Dos, sin lugar a duda, empecemos por cambiar las leyes, pues el Juzgador Federal actúa en total apego a las leyes y a la Constitución. Demos efectividad a los mecanismos alternos de solución. Y finalmente, respetemos la carrera judicial que sin duda es garante de la independencia y por tanto de la división de poderes”, enlistó.

Para el investigador del ITAM, Julio Ríos la carrera judicial no está exenta de problemas y retos, pero la actual reforma propuesta “no busca mejorarla sino que la hiere en el corazón y por tanto ataca directamente la independencia judicial”.

“Es, déjenme decirlo así, una reforma contraproducente que va a afectar los intereses y objetivos y funcionamiento del propio gobierno de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. Es una mala reforma que no debería de ser aprobada por los legisladores”, expresó.

Laurence Pantin, directora ejecutiva de la Fundación para la Justicia, comparó las experiencias de los países (Estados Unidos, Bolivia y Suiza) en donde se llevan elecciones de personas juzgadoras, concluyendo que en México “se está proponiendo es un modelo único” al proponer la sustitución y elección popular de todos los jueces de todos los niveles.

“Es algo que, como hemos visto, no se ha implementado en ningún otro país de la región o del mundo. Esto implica retos en términos logísticos. El número, el formato de boletas, lo que les acabo de comentar, pero también cuestionamientos sobre la capacidad de los electores para votar de forma informada y sobre su posible interés para participar en estas elecciones”, señaló.