El martes pasado, en la Casa de la Cultura Jurídica de Nuevo León, tuvo lugar un foro respecto del proyecto de reformas al Poder Judicial federal; no fue de los organizados por la Cámara de Diputados, ni lo fue por el Poder Judicial. Lo organizó básicamente el activo grupo de ciudadanos Visión Nuevo León y participaron integrantes de los poderes judiciales local y federal, militantes de Morena y de otros grupos; todos en forma personal. Estar presente y participar fue una buena experiencia por lo fresco y espontáneo de las intervenciones, por el debate y por la participación del público asistente.
Fueron más de 100 los asistentes quienes no sólo hicieron preguntas a los ponentes, sino que también dieron opiniones y expusieron casos concretos en los que en lo personal o lo social fueron agraviados por resoluciones judiciales. Especialmente llamó la atención la intervención de un ex trabajador de la Fundidora de Acero de Monterrey, quien relató el atropello de que fueron víctimas los obreros. Primero por el Poder Ejecutivo de entonces y luego por las resoluciones injustas del Poder Judicial.
Se hizo referencia, y me interesa compartirla, a la afirmación del ministro Juan Luis González Alcántara, según la cual el proyecto en discusión fue una respuesta (o venganza) por la resolución de la Suprema Corte que negó la posibilidad de que la Guardia Nacional en cuanto disciplina, dependiera de la Secretaría de la Defensa; la verdad es que son ya muchas y no todas recientes las resoluciones que han demostrado poca sensibilidad social y criterios formales alineados a la globalización y al neoliberalismo.
Recuerdo que con motivo de la crisis derivada de la aprobación del Fobaproa y la participación en el sistema financiero de los llamados bolseadores, la Corte validó el anatocismo, que no es otra cosa que el cobro de intereses sobre intereses, que tantos abusos permitió. Desde el siglo XII, San Buenaventura condenó el anatocismo como el robo so pretexto del contrato. No se olvida tampoco la negativa de la Corte a la solicitud de consulta popular sobre el intento de privatización del petróleo, cuando dio la espalda a más de 200 mil firmas recabadas por los solicitantes.
Hace poco también, refiriéndose a la propuesta presidencial del 5 de febrero de este año, la ex presidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner afirmó al respecto “es francamente revolucionaria”; la definición pudiera parecer radical para algunos, pero ciertamente, modificar al Poder Judicial, tanto local como federal, significa un giro histórico, radical, se trata de un cambio a fondo respecto de un poder que tiene claras diferencias con el Legislativo y el Ejecutivo; estos dos son electos popularmente y el Judicial no, para ser presidente, diputado o senador, no se requiere ninguna especialización ni título profesional; en cambio, para ser juez o magistrado, la Constitución exige que sean profesionales del derecho y que tengan una carrera judicial; además, los otros dos poderes tienen un número determinado de titulares, en cambio el Poder Judicial está constantemente en crecimiento, crece la población y es necesario programar nuevos juzgados y nuevos tribunales, porque al parejo de número de habitantes aumenta el número de conflictos y litigios.
Para mí no hay vuelta de hoja: la decisión de apoyar la propuesta presidencial la hizo con su voto la mayoría del pueblo; durante las campañas se dieron argumentos en pro y en contra de lo que se denominó el plan C, no me cabe duda de que no será posible como algunos quisieran, dar marcha atrás. La reforma va.
Agrego que también se trata, no sé si consciente o inconscientemente de una legítima defensa; hemos experimentado en América Latina una forma de golpes de Estado y de cambios de régimen, para los cuales se logró debilitar a los poderes ejecutivos mediante intervenciones de las fiscalías y de los jueces, derrocar gobiernos y cambiar líneas políticas; se trata de un activismo judicial, conocido en México como “litigio estratégico” que se ha empleado para tratar de estorbar y evitar las obras del Poder Ejecutivo.
Como integrante del Consejo de la Judicatura, me tocó conocer de cerca el caso de los amparos promovidos contra el programa de vacunación contra el covid. La Secretaría de Salud planeó, como en todo el mundo, que los niños que son los menos vulnerables y tienen más defensas que los adultos, fueran los últimos en ser vacunados. “Litigio estratégico” organizó una avalancha de amparos, inclusive promovidos a través del “Aviso Oportuno” que causó como único resultado un fenómeno de embudo porque fueron tantos los amparos por lo que los despachos no cobraban, que los juzgados de distrito se vieron agobiados y los procedimientos se complicaron como efecto de esa estrategia. No sólo es una revolución, es una defensa de nuestro gobierno y nuestro pueblo contra un sistema nuevo de ataque político.
