No es éste un homenaje más a la “ciencia lúgubre”, como la bautizara Thomas Carlyle, filósofo escocés del siglo XIX. Solamente un señalamiento, una “botella lanzada al mar”: la economía no está bien, como se ha dedicado a pregonar el Ejecutivo en la antesala de su salida.
En su mañanera del martes 6, el presidente López Obrador, tras los recientes movimientos en las bolsas de valores del mundo, aseguró: “Pasamos la prueba”. Y agregó: “Si llegamos a finales de septiembre sin caernos, pues va a ser histórico, como muchas otras cosas que son históricas: inversión extranjera, reservas del Banco de México (que están en 221 mil millones de dólares), incremento a salarios, desempleo, que es el más bajo en décadas, y así en muchas otras cosas” (La Jornada, 7/8/24).
Si convenimos en apuntar que la clave de toda economía es su o sus capacidades para proveer de subsistencia y eventualmente bienestar a quienes forman la sociedad, debemos decir que sin menoscabo de lo logrado por este gobierno en el salario mínimo, seguimos siendo una economía y una sociedad de ingresos medios bajos, con muchos mexicanos viviendo en torno a la línea de pobreza y sin tener a la vista expectativas creíbles de mejoramiento sostenible en su nivel de vida que, en lo fundamental, depende del empleo y el salario.
Dicho con otras palabras: si medimos la economía considerando como indicadores principales al empleo y sus remuneraciones, nuestra economía no funciona bien. No hay coincidencia entre el número de plazas de trabajo disponibles con las necesidades crecientes de jóvenes y adultos jóvenes que busquen emplearse; tampoco alcanzan los salarios para cubrir los gastos necesarios para que los mexicanos tengan condiciones dignas de vida.
Los más recientes pronósticos de organismos como el FMI, Citibanamex, Banco de México y Moody’s Analytics, coinciden en indicar una desaceleración, con estimaciones que sitúan el crecimiento por debajo de 2 por ciento, lo que contrasta con las proyecciones de la Secretaría de Hacienda, que se mantiene en su pronóstico: un porcentaje que oscila entre 2.5 y 3.5.
Si bien el cambio en las expectativas obedece, en buena medida, al agotamiento del impulso generado por el gasto político erogado en la pasada jornada electoral, analistas y organismos internacionales coinciden en que estamos ya enfrentando una desaceleración, evidenciada en el balance del primer semestre de 2024, y se espera que durante el segundo semestre del año no se registre un crecimiento significativo, debido no sólo a las restricciones administrativas derivadas del cambio del Ejecutivo, que implica un menor ritmo de gasto público, sino al aumento de compromisos y promesas, así como a la falta de dinero público.
Al respecto, anota Luis Miguel González (“Adiós, lunes negro; bienvenidos a un semestre de turbulencias”, El Economista, 7/8/24): “Hay el compromiso de bajar el déficit público desde 6 hasta 3 o 3.5 por ciento del PIB. Es un recorte de 1 billón de pesos, quizá mayor, para el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum. Misión complicada, porque ella ha anunciado la ampliación de programas sociales, la continuidad de los apoyos a Pemex y el arranque de algunas obras de gran impacto (…)
“No será fácil encontrar el balance entre ingresos y gastos ni el equilibrio entre las restricciones financieras y las presiones de los aliados políticos. No hay espacio para relajarse en el cumplimiento del compromiso de reducción del déficit. En juego está la calificación de la deuda del gobierno mexicano y las tasas de interés que tendrá que pagar México en el futuro próximo”.
Habrá que estar atentos, no dar nada por seguro; menos, seguir en esta –un tanto absurda– negación festiva a que nos ha convocado el Presidente.
