Ciudad de México. En torno al desastre ambiental provocado por Grupo México en el río Sonora hace 10 años, aun cuando se buscará avanzar en lo que resta del sexenio, es un expediente abierto, “no hay carpetazo”, hay que darle continuidad para que se llegue realmente a la remediación del daño provocado, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso las denuncias que se han presentado, hay una denuncia penal en proceso que se está tramitando, tanto en Sonora como en la Fiscalía General de la República.

En la conferencia presidencial, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)presentó un nuevo informe sobre el caso en el que dejó claro que no acepta que se remedió el daño ambiental que causó Grupo México. El derrame no fue un accidente, sino que hubo una negligencia en el diseño hidrológico de la presa, dijo María Luisa Albores, titular de la dependencia; la presa poniente falló con las dos primeras lluvias ordinarias de julio y agosto de 2014. Los fluidos tóxicos se derramaron a la presa Tinaja 1 y ésta a su vez hacia el río. Esto demuestra negligencia en el diseño.

Se destacó que sin haber atendido los impactos ambientales y en la salud de la población, en la pasada administración decidieron extinguir el fideicomiso, avalado por la Profepa en Sonora al dar por concluidas las medidas correctivas, y por Semarnat, y considerar cumplidos los programas de remediación.

En 2020, una sentencia de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la reparación y compensación ambiental violentaron el derecho a la información y consulta de las comunidades afectadas. A pesar de ello, Grupo México emprendió una estrategia de dilación para el cumplimiento de su responsabilidad ambiental en el río Sonora, ya que la operación del fideicomiso requiere la instalación de un comité técnico con participación de representantes de la empresa, quienes han ignorado las invitaciones de la autoridad ambiental para reiniciar labores.

El saldo en los litigios jurídicos en torno al caso que tiene la Secretaría de Gobernación, con independencia de los trabajos que se buscan con la empresa, es que están pendientes dos juicios: uno relacionado con el fideicomiso que se creó en su momento y con la resolución pendiente para que haya una reparación del daño derivado del daño del derrame. Y segundo, una denuncia penal presentada por la Semarnat en 2023 en contra de Grupo México.

Albores describió que en el sexenio pasado se celebró un convenio entre Profepa y Grupo México que incluía remediar los daños ambientales, de salud y materiales derivados del derrame, incluyendo la elaboración de un programa de remediación y la construcción del fideicomiso río Sonora.

El fideicomiso reportó un ejercicio de mil 232 millones de pesos y 309 millones fueron pagados fuera de éste. De esos recursos, 7.8 millones fueron otorgados directamente a las personas afectadas en su salud, y para estrategia de comunicación fueron 32.4 millones de pesos, cuatro veces más de lo entregado directamente a los afectados; 185 millones de pesos en compra de tinacos y 4.7 millones de pesos en una planta potabilizadora en Bacanuchi, que sólo operó durante dos años, hasta 2017.