Sin perder la esperanza por una universidad mejor, una mezcla de indignación, tristeza e impaciencia me invadió al conocer la repetición del desalentador episodio de cada año. Seguro estoy de que el ánimo tampoco será bueno para las familias de las y los casi 130 mil aspirantes a estudiar una licenciatura que acaban de ser rechazados por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (La Jornada 19/7/24, pág. 7).
Algunas personas han tocado varias veces a las puertas de la institución; pasan los años y como resultado se vuelven a topar con la misma desgracia, no obstante haber concluido satisfactoriamente el bachillerato. ¿Qué espera a la juventud por no alcanzar el número de aciertos exigidos para superar el examen de admisión? ¡Vaya afán por cuantificar!
Muchos años antes de que el neoliberalismo se apoderara del país, la UNAM, como entidad autónoma, estableció el examen de ingreso para los estudiantes. El rector Ignacio Chávez fue quien dio la idea y los primeros pasos (aunque hay que tener presente que la universidad mexicana siempre ha sido selectiva, desde la Real y Pontificia Universidad de México), y el rector Guillermo Soberón fue el mayor defensor que pudo haberse encontrado.
A partir de 1961, salvo los rectores Javier Barros Sierra y Pablo González Casanova (dos garbanzos de a libra, autores de medidas democratizadoras importantes: el “pase automático” o “pase reglamentado”, que aunque maltrecho, subsiste; así como la creación del Colegio de Ciencias y Humanidades, tan desvirtuado), los rectores que han pasado por la UNAM se han ocupado de preservar el examen de admisión.
Hasta 2018, la prueba universitaria de admisión fue acorde con los dictados de la vieja política nacional. Con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando menos en el discurso, la validez de ésta se descolocó; el examen ha sido cuestionado, y su carácter selectivo, clasista, puesto a la vista de todos en las célebres “mañaneras”. En resumen, el examen de selección es contrario al ideario de la Cuarta Transformación.
Falta pasar del discurso a los hechos y desaparecer la prueba de marras en la UNAM y en el resto de las universidades públicas del país, tarea de gran envergadura que tocará emprender –con coraje y celeridad– a Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, si en realidad se quiere democratizar la educación superior (modificación con claridad del artículo tercero constitucional y ampliación suficiente del presupuesto).
Claudia conoce bien el tema y tiene un significativo antecedente, pues como joven estudiante, en 1986, participó en el Consejo Estudiantil Universitario (CEU) que echó abajo el proyecto de universidad selectiva y privatizadora encabezado por el entonces rector Jorge Carpizo. Ahora, a ella corresponderá propiciar que a nivel nacional se haga realidad el sueño que, junto con sus compañeros de lucha, comenzaron hace 38 años para el caso de la UNAM: eliminar en definitiva en México la selección clasista y el inhumano rechazo de estudiantes, así como fortalecer la educación superior pública.
Hasta el momento, y muestra de ello es lo que acaba de suceder con los rechazados, las universidades públicas, con la UNAM a la cabeza, han seguido empecinadas en sostener el examen de admisión del estudiantado. Lógico sería, en el caso de la UNAM, que como universidad de la nación, con toda la fortaleza de su autonomía, pugnara por favorecer el florecimiento de los intereses nacionales marcados por un gobierno federal, legal y legítimamente constituido con la aprobación de más de 30 millones de votos de la ciudadanía.
Es claro que la rectoría de la UNAM no ha tenido el propósito de encabezar la transformación profunda y urgente que la institución requiere para sanear su vida. Sin embargo –y aquí reitero que concedo el beneficio de la duda al rector Leonardo Lomelí–, nunca será tarde para rectificar.
Mi esperanza, anunciada en las primeras palabras de esta colaboración, en parte se alimenta de un párrafo, escondido en un extenso documento de 53 páginas signado por el rector (Plan de desarrollo institucional 2023-2027, apartado “Universidad incluyente y al servicio de la nación”), párrafo que en la página 17 dice: “Una de las propuestas centrales de esta administración es (…) el compromiso con la democracia universitaria, entendida (…) como la extensión de las oportunidades de acceso a la institución a todos los sectores sociales y de manera particular a aquellos sectores más vulnerables social y económicamente. En este sentido, la Universidad asume el compromiso de poder participar junto con el Estado (…) en el fortalecimiento del sistema nacional de educación superior”.
Hago votos porque el enunciado anterior, en cierta medida coincidente con los planteamientos avanzados de Pablo González Casanova expuestos en 1970, no quede en saco roto, que pronto se discuta ampliamente en todos rincones del país, la UNAM en especial, el problema del examen de admisión y los rechazados.
Considero, en cuanto a la UNAM, que en 2025 las condiciones deberán ser propicias para que no haya rechazados. Hay tiempo suficiente para reflexionar y actuar. Este ejercicio sería parte del escudriño de la universidad que he propuesto en estas páginas (02/10/23, pág. 18). Nos corresponde a los universitarios pensar e intervenir, responsablemente y con valentía, en el porvenir de nuestra casa de estudios (analizar en lo particular, con lupa, el verdadero significado de la selección y todos los datos arrojados por el rechazo).
En lo inmediato, nos toca hacer hasta lo imposible porque ninguno de los rechazados en esta ocasión se quede sin la posibilidad de continuar con sus estudios.
Dedico este artículo a las y los estudiantes rechazados por la UNAM, y entre ellos, de manera especial a Jazmín, valiosa joven que, durante tres años consecutivos, con esmero y paciencia, se ha presentado infructuosamente al injusto examen para poder ingresar a la carrera de enfermería.
¡Elevemos la mirada de la educación!
*Profesor en la UNAM
