Cada año, el 9 de agosto se conmemora como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, declarado así por la Asamblea General de Naciones Unidas. De acuerdo con el reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2022 casi 20 por ciento de la población total en México pertenece a alguna comunidad indígena.

Empero, en los últimos años esta población ha sido de las más vulneradas por el Estado debido a la extracción de sus recursos; la desaparición, asesinato y hostigamiento de los miembros de sus comunidades y autoridades comunales, así como por el despojo y falta de reconocimiento de sus territorios indígenas, como sucede en la comunidad nahua de Santa María de Ostula, en el municipio de Aquila, en Michoacán.

Ante esta situación, ¿qué habría que conmemorar en esta fecha? ¿Las violaciones a sus derechos humanos y colectivos por el gobierno mexicano? ¿O la lucha y la resistencia de los pueblos y comunidades indígenas ante los intereses políticos, de empresas trasnacionales extractivistas y de grupos del crimen organizado?

La comunidad de Ostula ha encaminado una larga lucha jurídica ante el Estado por el reconocimiento íntegro de sus territorios bajo sus derechos a la libre autodeterminación y autonomía. Tras una primera batalla legal, se obtuvo una resolución presidencial emitida en 1964 en la que se reconocían los bienes comunales de este pueblo nahua.

Sin embargo, al tratar de hacer ejercicio de este derecho reconocido, se encontraron con una serie de irregularidades que los colocaban en situación de vulnerabilidad, pues el personal público decidió omitir hectáreas pertenecientes a la comunidad, aun cuando hay registros históricos y antropológicos de respaldo.

Es importante contextualizar que, para ese momento, gran parte de la comunidad sólo hablaba su lengua materna y el acceso a la educación era un derecho que no tenían garantizado en la región, por lo que el funcionariado público lo utilizó para cometer irregularidades contra las necesidades e intereses comunitarios.

Durante más de 500 años de resistencia política y organizativa, así como cerca de 20 años de batalla legal, se han llevado a cabo diversos amparos en los que se exige que se reconozcan el resto de las tierras comunales, aunque han encontrado negativas, tanto a nivel estatal como federal.

Asimismo, esta situación se ha trasladado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que pueda atraer el caso, pero su respuesta ha sido también omisa. Además, el contexto actual de violencia armada por grupos criminales que atraviesan los distintos territorios de Michoacán es una problemática que también enfrenta la comunidad en niveles preocupantes de hostigamiento que van cada día al alza (https://acortar.link/uEFIeb).

Después de este largo caminar, la realidad puede cambiar para la comunidad de Ostula, y esto depende de la resolución que emita el segundo tribunal colegiado en materia administrativa y del trabajo del décimo primer circuito en Morelia, Michoacán, pues tiene la obligación de dirimir el conflicto gestado entre la comunidad nahua y quienes ostentan ser propietarios de un lugar que no tiene dueños individuales, sino una territorialidad colectiva en lucha y resistencia de lo que históricamente les ha pertenecido como pueblo nahua de Ostula. 

Por tanto, es indispensable que los magistrados de dicho tribunal que están a cargo de este proyecto de resolución impartan justicia con base en los más altos estándares de derechos humanos, donde se coloque en el centro las necesidades de las víctimas y la comunidad de Ostula.

Asimismo, que se incorpore el enfoque comunitario para que se garanticen los derechos colectivos y se respete su identidad indígena garantizada en la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales.

Sumado a la integración de medidas de reparación integral y comunitaria, que también se reconozcan los daños hacia la comunidad por diversos actores y se garanticen las medidas de seguridad y protección necesarias para ellas y ellos.

Desde la sociedad civil, se hace un llamado a que podamos estar atentos a la resolución que se emita a inicios de septiembre y hacia el Poder Judicial del estado de Michoacán para que proteja y garantice integralmente el acceso a la justicia y el respeto a los derechos humanos, así como los derechos indígenas de la población de Ostula, para evitar que se perpetúen violaciones a los primeros.

Para que la justicia y la tierra no sea de unos cuantos con intereses ajenos, sino de la comunidad a quien le pertenece: Ostula.