San Cristóbal de Las Casas, Chis. Frente a la violencia y la criminalización, comunidades, pueblos y organizaciones de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, acordaron fortalecer sus procesos de resistencia y organización.
En un pronunciamiento dado a conocer por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), al final del Segundo Encuentro Regional: Conflictividad, Violencia y Criminalización contra Personas Defensoras y el Movimiento Social, convinieron la creación de comités para el resguardo territorial ante las amenazas, el fortalecimiento de sus procesos colectivos y la memoria histórica, la movilización, la visibilización de sus problemáticas y la construcción de alianzas y articulaciones amplias a nivel nacional e internacional.
Manifestaron que “la mayor presencia de la delincuencia organizada se está concentrando en las regiones de imposición de proyectos extractivos: mineros, eólicos, gasoductos, ampliaciones de carreteras (en Guerrero, Chiapas y Oaxaca). A quienes estamos en oposición a dichos proyectos, nos asesinan, desaparecen, criminalizan y deslegitiman. Esta práctica ha sido sistemáticamente operada por gobiernos federales, estatales y municipales”.
Aseguraron que “existe una estrategia fallida de seguridad, la militarización no ha disminuido los índices de conflictividad, violencia e inseguridad; por el contrario, ha servido a intereses empresariales y el crimen organizado. La desaparición de jóvenes y mujeres, los asesinatos, cobro de cuotas, desplazamientos forzados, falta de resolución de conflictos y mayor presencia de grupos armados y delincuencia organizada en las comunidades son muestra de dicha situación”.
Expresaron que “las comunidades desplazadas de manera forzosa por la violencia no son un escándalo de las organizaciones y los movimientos. A partir de diversos informes, se han documentado la vergonzosa cifra de 21 mil indígenas desplazados en Chiapas en los últimos dos años, el asesinato de 176 personas defensoras durante este sexenio, el reclutamiento de jóvenes, la violencia generada en el último proceso electoral, además de la criminalización contra integrantes del movimiento social”.
Sostuvieron que “las consecuencias de la imposición de dicho modelo, la negligencia de gobiernos estatales y federales y la impunidad han sido la normalización de la violencia, la contaminación irreversible del medio ambiente, una crisis profunda del agua en la región sureste, la pérdida de la flora y la fauna, el control territorial por parte de empresas y crimen organizado, la apatía ciudadana, el miedo generalizado en nuestras comunidades, fracturas comunitarias, además de graves afectaciones a nuestro tejido social”.
En el marco del día internacional de los pueblos indígenas, afirmaron que “pese a la difamación, la criminalización y la violencia los pueblos indígenas seguimos defendiendo los territorios en el sur-sureste de México”.
Reiteraron que “los pueblos, comunidades y movimientos del sureste del país apostamos por un modelo distinto de sociedad, en los que nuestros bienes comunes son una prioridad, la propiedad social de la tierra, la integridad de nuestro territorio, el fortalecimiento de nuestro tejido social, el impulso de Reglamentos Internos y Estatutos Comunales. Este modelo se encuentra en clara confrontación con el modelo neodesarrollista, marcado por la violencia, los asesinatos, la criminalización, la obstaculización de instancias agrarias al reconocimiento de los Estatutos y reglamentos internos de las comunidades (específicamente en Guerrero) y la militarización de nuestros territorios”.
Además del Frayba, firman el pronunciamiento, los centros de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, de Derechos Humanos Tepeyac y de Estudios de la Región Cuicateca-CEREC, así como la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI).
