Ciudad de México. Los juzgadores del país alistan tres vías de defensa si el Congreso de la Unión aprueba en sus términos la iniciativa de reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF): acudir a instancias internacionales, un paro nacional y “acciones de resistencia”.
Durante el Foro Nacional Justicia Pronta y Expedita, celebrado este miércoles en la Ciudad de México, el magistrado Doctor Froylán Muñoz Alvarado, secretario de la Organización de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho (ANDD) afirmó que ya “estamos trabajando” en agotar las vías nacionales para prevenir cambios como los que propone la actual propuesta de reforma presidencial.
Explicó que de no contar con un recurso nacional efectivo, el siguiente paso será acudir a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y si no prospera la demanda, se acudiría a la instancia jurisdiccional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
“Solamente tenemos tres (escenarios): la primera, no tenemos instancia en sede nacional, pero sí internacional, debemos agotar recursos; la segunda, tenemos una alternativa que se llama paro nacional. Pareciera que el paro nacional es inminente, porque es lo que se desarrolla en el ámbito político, en el ámbito político. No es una circunstancia de discurso jurídico, porque son razones diferentes; y una tercera, que sería no solamente el paro, sino también la resistencia, el cómo mantener esto”, dijo en el foro organizado por la ANDD y otras organizaciones de abogados y juzgadores.
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Previamente, el también ex director nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) advirtió que la actual propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador vulnera principalmente la división de poderes, la independencia judicial y la autonomía judicial.
La magistrada Emilia Molina de la Puente advirtió que si se aprueba la iniciativa de elegir por el voto popular a los más de mil 700 jueces, magistrados y ministros, y esto se replica en los estados sobre los más de 5 mil jueces locales, “desperdiciaríamos a alrededor de 7 mil personas juzgadoras con experiencia”.
Ricardo Amezcua Galán, ex delegado de la Benito Juárez y actual consejero de la Judicatura del Poder Judicial de la CDMX, calculó que las elecciones para elegir a los más 700 juzgadores federales del país y la indemnización para los salientes costaría más de 20 mil millones de pesos. Lo anterior, aclaró, sin contemplar a jueces locales.
“Por qué ese dinero que se va a gastar en la indemnización de sacar a la gente que ya tiene todos estos conocimientos teóricos y prácticos los gastamos mejor en más edificios para que tengamos más jueces y más impartición de justicia y mayor preparación. Es demasiado dinero. Más o menos llegaré a una conclusión de más de 20 mil millones de pesos que se hará entre las elecciones e indemnizaciones”, dijo.
En tanto, el académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, César Astudillo, dijo que aprobar la reforma en sus términos actuales es “la antesala de cometer un error histórico sobre el cual, en las próximas décadas, vamos a comprobar que esto que estamos por concretizar fue realmente un despropósito”.
“Hay muchísimos modelos a los que pudimos haber visto para ver cómo fortalecer los perfiles de ministras, ministros y jueces. Tomamos no solamente uno que comprobadamente ha dado resultados negativos y que la misma experiencia de los bolivianos, es una reforma de 2009 hacia acá, están ahora tratando de salir de ella y viendo cómo se cambia”, dijo.
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Elias Huerta Psihas, presidente de la ANDD, advirtió que “la iniciativa de reforma constitucional para el Poder Judicial propuesta por el Ejecutivo Federal es incompleta y parcial, y no soluciona los problemas de acceso a la justicia; al contrario, considero que los empeora”.
Sin embargo, se dijo de acuerdo con cambiar la forma de elegir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), principalmente suprimir “la posibilidad de que el titular del Ejecutivo haga un nombramiento directo para ministro”.
También “separar la presidencia de la Corte de la presidencia del Pleno de la Judicatura y que se debe declarar una instancia efectiva que revise y sancione posibles conductas indebidas e ilícitas de juzgadores y juzgadoras, pero no un órgano inquisitivo que inhiba la debida vocación y autonomía de los juzgadores al dictar sus sentencias, evitando subjetividades como sancionar actos u omisiones contrarios a la ley, al interés público o a la adecuada administración de justicia”.
