Ciudad de México. A una semana de que se lleve a cabo la audiencia en la que Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM) buscará una “solución alterna” que le permita liberarse del proceso penal que enfrenta por su responsabilidad en el incendio de la estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, más de 70 organizaciones y activistas exhortaron al juez Víctor Manlio Hernández Calderón, del Centro de Justicia Penal Federal en el estado, negarle este recurso.
“La solución alterna tendría efectos absolutorios es decir, ya no se le investigaría más ni se le sancionaría, incluso si después de concluidas las investigaciones se determinará una responsabilidad mayor en la tragedia”, que dejó 40 personas muertas, alertaron.
Fundación para la Justicia, Apoyo a Migrantes Venezolanos, Casa Tocha, Asylum Access, entre otras, reiteraron así su llamado “a no permitir la impunidad de la que goza Francisco Garduño y el INM ante las graves violaciones a derechos que han redundado en muertes al interior de las estaciones migratorias, incluso posterior al incendio en la estancia de Ciudad Juárez. La FGR debe terminar el proceso de investigación que culmine en un juicio justo para las víctimas”.
En un pronunciamiento, explicaron que la Suspensión Condicional del Procedimiento establecida en el Código Nacional de Procedimientos Penales tiene por objetivo “detener la persecución y proceso penal en contra del acusado y extinguir la acción penal”.
A Garduño, destacaron, “a diferencia de los otros involucrados no se le investiga por homicidio ni lesiones, sino por ejercicio ilícito del servicio público, por lo que la clasificación del delito para él es más benéfica, cuando su responsabilidad debería ser mayor a la de todos los imputados en el caso”.
Refirieron que el 30 de abril de 2023, el comisionado del INM fue vinculado a proceso y promovió su primera “solución alterna”, la cual no fue admitida, en la que se comprometía a pagar la diferencia del valor de los daños materiales del inmueble establecidos entre el perito de la Fiscalía General de la República y la empresa aseguradora a cambio de detener la investigación en su contra, sin tomar en cuenta la reparación del daño a las y los sobrevivientes y las familias de los migrantes fallecidos”.
Ahora, por segunda ocasión, vuelve a solicitar audiencia para discutir se le pueda otorgar una suspensión condicional “aún cuando existe una suspensión definitiva de todos los procesos penales del caso otorgada por un Juzgado de Distrito y sin la presentación de un plan de reparación del daño a favor de las familias de los 40 migrantes fallecidos y los 27 sobrevivientes”.
Las organizaciones señalaron que Garduño “se ha caracterizado por su falta de rendición de cuentas, como lo demuestran los 30 llamados y puntos de acuerdo que desde el Poder Legislativo le han hecho para que comparezca, los cuales ha ignorado”.
Resaltaron que a 16 meses de los hechos, 11 personas de mandos medios y bajos, incluidos dos migrantes, continúan en detención acusados de homicidio y lesiones. Sin embargo, Antonio Molina, ex coordinador de Control y Verificación Migratoria, se encuentra prófugo, y Garduño lleva su proceso en libertad y sigue en funciones.
