Santiago. Un temporal de viento y lluvia que azotó la zona central de Chile la semana pasada, y que dejó sin electricidad a 900 mil hogares y comercios, de los cuales 750 mil en la capital, derivó en cuestionamientos al sistema eléctrico del país, en manos de inversores privados, casi en su totalidad extranjeros.

Si bien los ventarrones de la semana pasada, con ráfagas de hasta 180 kms/h., son inusuales, basta una lluvia moderada para que en Santiago y otras ciudades ocurran apagones.

Pero cinco días después del temporal, quedaban en el país 165 mil viviendas sin reposición -90 mil en Santiago-, con un panorama de decenas de postes y cientos de árboles desplomados sobre el tendido y marañas de cables por las calles.

En el foco del debate está la italiana ENEL, que además de controlar el 25 por ciento de la generación eléctrica nacional, tiene la concesión para la distribución en la capital.

Junto a la desesperación de las gentes por la ausencia de energía -que conlleva riesgo vital para las personas electrodependientes, ausencia de agua potable en edificios en altura y la pérdida de perecibles por ruptura de la cadena de frío en hogares y almacenes-, está también la indignación, la impotencia, de quienes intentan comunicarse con la compañía para reportar una falla o pedir información: no consiguen hacerlo, nadie responde.

Y pese a que los ejecutivos de ENEL se esfuerzan por dar prueba de los esfuerzos para restablecer el suministro, mencionando que han desplegado decenas de cuadrillas, el apagón se convirtió en un problema mayor en la medida que la italiana no resuelve el drama.

Desde el gobierno han ido subiendo el tono y cada vez menos tienen problema en acusar irresponsabilidad.

“Si miro las cifras tengo que decir si hay algo peor a la inoperancia, es la indolencia. Las empresas no han cumplido con los compromisos adquiridos", acusó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, agregando que “la indolencia se expresa no solo por la incapacidad de reponer el suministro, que es obligación, sino de manera mucho más severa en la incapacidad de responder con información oportuna".

Incluso el presidente Gabriel Boric acusó que “hay empresas como Enel que han buscado ahorrarse plata y no han cumplido con estándares mínimos de atención a clientes, no ha cumplido los plazos para restablecer el servicio, tampoco sus propios compromisos y con el despliegue de cuadrillas”, por lo cual pidió se evalúe terminar con la concesión por “inexplicables faltas y grave inoperancia” de la multinacional.

“Estas cuestiones hay que tomarlas con mucha responsabilidad, toma tiempo, hablamos de un monopolio regulado, pero es posible y es lo que he pedido evaluar en virtud del comportamiento de las empresas”, dijo.

Algo así implica que el Estado debe definir quién se hace cargo, ya sea que lo asume, lo cual en Chile no tiene viabilidad técnica ni legal, o llamando a una licitación para adjudicar a un nuevo operador.

La crisis ocurre en la víspera de un alza progresiva en las tarifas, de hasta un 60 por ciento, según los consumos, después que han estado congeladas desde 2019.

Por lo pronto, lo más viable es “aumentar sanciones para que no haya duda de que lo más importante son las personas y no asumir en los costos las eventuales multas sin preocuparse de la urgencia”, dijo Boric.

En el primer trimestre de 2024, Enel Chile reportó utilidades por US$151 millones, un alza de 5,8% respecto a igual periodo de 2023. “En decenas de municipios y barriadas han estallado protestas de ciudadanos indignados y desesperados por el prolongado corte y la noche del miércoles, tras constatarse que poco o nada se había avanzado durante el día, el gobierno anunció que iniciaba el proceso de caducidad de la concesión”.