Investigar crímenes y violencias de Estado es una tarea difícil desde organismos que dependen del propio Estado perpetrador. La necesidad de independencia de los grupos o comisiones que investigan es un debate constante, sobre todo en los contextos del sur y centro del continente americano que vivieron dictaduras o guerras y que aspiran a la verdad, la justicia y la memoria.

El 4 de diciembre de 2018, apenas tres días después de que López Obrador asumió como presidente de México, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto con que se conformaba la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj).

La comisión, presidida por Alejandro Encinas, entonces subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, contaría también con la participación de “los familiares de los estudiantes desaparecidos o quien ellos designen que los represente”, “expertos profesionales y técnicos” y otros funcionarios de gobierno. Aunque la independencia de la comisión no estuvo garantizada, la presencia de las familias, sus asesores y representantes legales era un sello de confianza.

Con muchas dudas y todo en contra, la Covaj dirigida por Encinas avanzó lentamente hasta que topó con el Ejército. En el informe presentado por la Covaj el 18 de agosto de 2022, señala que autoridades estatales, federales y municipales estaban enteradas de las acciones que realizaban los estudiantes el 26 y 27 de septiembre: Sedena, Cisen, Policía Federal Preventiva, gobierno de Guerrero, policía estatal, entre otras, sabían lo que ocurría.

El informe agrega: “Esto acredita responsabilidades por acción, omisión o negligencia”. Un mes después de este primer informe de la Covaj, el 27 de septiembre de 2022, Omar Gómez Trejo renunció como titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa. Gómez Trejo, hay que recordar, era una de las pocas personas del Estado en que confiaban las familias de los muchachos desaparecidos.

Las investigaciones que él había encabezado involucraban a más militares en el caso. Gómez Trejo hoy trabaja fuera del país. En su segundo informe, el 27 de septiembre de 2023, la Covaj ratifica lo anterior y agrega en sus conclusiones: “mandos del Ejército no realizaron acciones para la protección y búsqueda del soldado Julio ‘N’, quien se encontraba dentro del grupo de estudiantes”.

Sobre dicho joven, como insisten las familias de Ayotzinapa, hay pruebas de que se encontraba en tareas de inteligencia, en particular el documento “firmado por el general de brigada diplomado del estado mayor Alejandro Saavedra Hernández, en el que la Sedena acepta que dicho joven había recibido entrenamiento para el manejo de información sensible, estaba desplegado en el municipio de Tixtla como órgano de búsqueda de información (OBI), seguía bajo las órdenes de sus superiores y se encontraba con éstos una vez a la semana para dar al Ejército información sobre la normal”.

Menos de un mes después de la entrega de este informe, Encinas presentó su renuncia a la Subsecretaría de Gobernación y, por tanto, a la Covaj, para incorporarse inmediatamente a los equipos de campaña rumbo a 2024. Pero su salida, en medio de tensiones, no frenó la andanada contra él por parte del Ejército. En días recientes, en un hecho inédito, fue llevado a comparecer a una audiencia solicitada por los militares.

Lo que siguió ha sido una ruta que cada vez nos aleja más de la verdad. Ya sin Gómez Trejo y Encinas, se puso en marcha una estrategia mediática en primer lugar contra Vidulfo Rosales, representante legal de las familias de Ayotzinapa e integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. La andanada tuvo como epicentro del mensaje varias declaraciones del Presidente de México y en que lo acusaba de alinearse con sectores conservadores del país y del mundo. La segunda parte de esa ruta mediática ha sido querer mostrar a las familias de Ayotzinapa como divididas, con un grupo mayoritario, supuestamente manipulado o engañado por sus asesores, y otro que “está más abierto al diálogo, a la negociación”.

Detrás de esta estrategia un nombre es clave: Felipe de la Cruz, un personaje desconocido por la propia asamblea de padres de Aytozinapa, que además buscó una candidatura por Morena y quien salió a defender abiertamente al gobierno de Guerrero. Estamos próximos a cumplir 10 años de aquel crimen que conmocionó a México y parte del mundo.

Los padres de los desaparecidos, así como los estudiantes normalistas, tienen todo el derecho a seguir manifestándose y abriendo caminos que los lleven a la verdad y la justicia. Me temo que, lejos de apostar por la verdad, hay quien desde el gobierno se empeña en quebrar el movimiento. No lo lograrán.

*Sociólogo. X: @RaulRomero_mx