Ciudad de México. La diputada del PAN, María Elena Pérez-Jaen solicitó un amparo para que la Fiscalía de Combate a la Corrupción a cargo de María de la Luz Mijangos le informe sobre el estado que guardan las 205 denuncias que presentó por diversos actos de presunta corrupción cometidos por funcionarios federales.
También presentó una denuncia en contra de la fiscal por supuestamente obstruir la justicia y no actuar en contra de los involucrados en los hechos referidos.
La legisladora blanquiazul explicó que desde junio de 2022, ha presentado 205 denuncias penales en la Fiscalía General de la República, específicamente en la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, por irregularidades en el manejo de millonarios recursos de entidades y dependencias públicas por parte de funcionarios del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, sin recibir respuesta alguna del estado en que se encuentran.
Entre las denuncias se encuentran las relacionadas con irregularidades en las adquisiciones y contrataciones de la Comisión Nacional del Deporte por 496 millones de pesos y “los abusos de su titular, Ana Gabriela Guevara”.
También están las referidas a los 170 millones de pesos no aclarados en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro cuando Luisa María Alcalde era la secretaria del Trabajo y Previsión Social, y el descarrilamiento del tren maya en el tramo 3, por uso de balasto y materiales de mala calidad.
Además de ello, la legisladora señaló que la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción ha costado casi 224 millones de pesos durante 2024, sin justificar su valor ni funcionalidad, toda vez que “los corruptos siguen en la impunidad, los recursos millonarios siguen sin aparecer y la fiscalía no hace ni la simulación de investigar”.
Pérez-Jaén consideró que la omisión por parte de la fiscal especial, reviste un acto flagrante de autoridad, que coloca a los denunciantes en estado de indefensión, al trasgredir los derechos de petición, audiencia, debido proceso, constituyendo una imposible reparación.
Lo anterior encuadra en el tipo penal de abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia, al retardar y negar la protección o servicios que está obligada a otorgar, puntualizó la diputada del PAN.
