Ciudad de México. El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, señaló que es derecho soberano de México modificar su estructura de justicia atendiendo a sus necesidades y sin injerencia de directrices externas, luego de que la Organización de Naciones Unidas (ONU) se manifestó en contra de la reforma judicial.

En un posicionamiento en el que respondió a cada uno de los cuestionamientos de la relatora especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite, subrayó que en el Congreso se realizará un análisis profundo, objetivo y suficiente para asegurar que las reformas legislativas cumplan con estándares internacionales y se garantice que el procedimiento de elección judicial no se politice.

En caso necesario se estará en condiciones procedimentales para realizar las enmiendas normativas necesarias para ello, agregó Monreal Ávila, quien

destacó que la vinculación política actual que permea en el nombramiento de los principales órganos del poder judicial, es lo que se justifica trasladar a la voluntad popular expresada en las urnas, la potestad para decidir sobre las designaciones de jueces, magistrados y ministros.

La relatora de la ONU señaló la semana pasada que cualquier proceso de nombramiento debe de garantizar la independencia e imparcialidad subjetiva y objetiva de la función judicial, y que en esto no pueden privar criterios políticos. También apuntó que la selección tiene que llevarse a cabo por una autoridad independiente y garantizar la participación efectiva de la sociedad civil y la ciudadanía.

Ricardo Monreal respondió al respecto, que la reforma contempla que sea el Senado quien realice la convocatoria al proceso electivo y el Instituto Nacional Electoral (INE) lo organizará. El documento prevé diferentes mecanismos orientados a garantizar la independencia judicial, puntualizó.

Ante el señalamiento de que la elección popular de jueces, ministros y magistrados podría incrementar el riesgo de que los candidatos cuando ejerzan su función, busquen complacer a los patrocinadores de las campañas en lugar de tomar decisiones basada en principios y normas jurídicas, expuso el senador de Morena que el sistema de elección propuesto contempla la posibilidad de incluir mecanismos de control y rendición de cuentas para asegurar que los funcionarios judiciales cumplan con sus responsabilidades y de manera objetiva e imparcial su actividad jurisdiccional.

También resaltó que se propiciará el mayor ahorro posible en la organización y calificación de la elección de juzgadores, a través de la implementación de un sólo proceso comicial en el que se elijan el mayor número de servidores públicos.

Monreal expuso que se garantizarán los derechos laborales de los miembros del poder judicial que serán sustituidos. La salida de funcionarios no es ajena al sistema jurídico mexicano, pues ya se hizo en la reforma judicial de 1994 cuando se cambio a los integrantes de la Corte.