San Cristóbal de Las Casas, Chis. Los asistentes al Encuentro de sobrevivientes de tortura y familiares, unidas por la justicia y la reparación del daño, exigieron a los tres niveles de gobierno que “se haga justicia para las personas que aún están presas injustamente”.

Particularmente demandaron la excarcelación de José Diaz Gómez, base de apoyo zapatista, Yonny Ronay Chacón González, Juan Hernández Gómez, Jorge López Montoya, Raymundo Sánchez García, Antonio Altunar y Oswaldo Sánchez González.

La mayor parte de las violaciones a derechos humanos en el estado recaen sobre población indígena. Aunque no se tienen datos precisos (existe una "cifra negra", ya sea por omisión o miedo a denunciar), se estima que entre 2010 y 2021, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas recibió 266 quejas por tortura en contra de miembros de comunidades indígenas; todas ellas señalan a elementos de la policía municipal, estatal y federal. 

Por su parte, el INEGI publicó en 2021 que había 4 mil 600 personas privadas de su libertad en el estado. De ellas, 55.4 por ciento afirmaron ser detenidas sin una orden de aprehensión. En este contexto, existen muchos culpables fabricados, sin justificación, que son víctimas de tortura por parte de autoridades. 

En un pronunciamiento difundido por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), sobrevivientes exigieron que “se nos repare integralmente los daños que nos han ocasionado a todas y todos quienes hemos sido víctimas y hemos sobrevivido la tortura”.

Explicaron que el 3 y 4 de agosto participaron en San Cristóbal en el Encuentro de sobrevivientes de tortura y familiares “para analizar la situación actual de la tortura en el estado, la cual sigue siendo una práctica constante llevada a cabo por autoridades del gobierno, con el fin de intimidar a la población más vulnerable, a las personas defensoras de los derechos humanos, de la tierra, el territorio y de la justicia”.

Foto Frayba  

Agregaron que durante el encuentro “reflexionamos que la tortura es utilizada para reprimir a las personas de escasos recursos, llegamos al acuerdo de unir fuerzas para poder llevar a cabo acciones y a las autoridades de los tres niveles de gobierno, hacer valer nuestros derechos fundamentales como seres humanos y como pueblos originarios”.

Manifestaron que “también compartimos nuestras experiencias y vimos cómo la tortura causa un daño permanente, tanto físico, psicológico, moral y económico, no sólo en las víctimas que la sufrimos directamente, sino también nuestras familias que luchan por la justicia y la reparación del daño”.

La tortura, reiteraron, “es un método que sigue siendo utilizado de manera generalizada y sistemática, que daña y destruye el proyecto de vida de las personas e insistimos en que también impacta directamente a toda la familia, privando no sólo de la libertad, sino de la paz y tranquilidad".

Una de sus conclusiones del encuentro fue “seguir manteniendo la unidad y comunicación para apoyarnos mutuamente”, al tiempo que invitaron “a las familias y a quienes han sobrevivido a la tortura a que se unan a la lucha, pues entre todas y todos vamos a aprender de la defensa de nuestros derechos, impulsando foros, talleres, encuentros y peregrinaciones. Buscamos la erradicación de esta práctica que viola profundamente la humanidad de las personas y sus derechos humanos”.