La trasnacional Granjas Carroll interpuso denuncias penales contra ocho campesinos integrantes del Movimiento de la Cuenca Libres-Oriental en Puebla, entre ellos su dirigente Renato Romero, por las protestas que han realizado contra la planta porcícola más grande de América Latina, a la que acusan de contaminar los mantos freáticos y acaparar el agua de la región para la producción industrializada de cerdos.

La criminalización de los opositores a sus prácticas destructoras del medio ambiente y la salud humana es una fórmula conocida para el consorcio propiedad de la estadunidense Smithfield y de Agroindustrias Unidas de México. En 2007 y 2008, hizo que se judicializara a cinco defensores del agua y el territorio por la misma causa: atreverse a marchar en exigencia de que se cierren las decenas de instalaciones que opera. Entonces, como ahora y en todos estos años, las incriminaciones van acompañadas de intimidaciones y amenazas con las que se busca disuadir a los pobladores de expresar su malestar.

Cuando los amagos no bastan, Granjas Carroll recurre a las autoridades para que disuelvan las manifestaciones, una práctica que ya tuvo consecuencias mortales el pasado junio con el asesinato de los hermanos Jorge y Alberto Cortina Vázquez, perpetrado por la Fuerza Civil de Veracruz durante el desalojo de un cierre vial. El gobierno de Cuitláhuac García ya disolvió a esa corporación que tenía a sus espaldas un historial represivo, detuvo a los asesinos materiales y realizó una serie de inspecciones a las plantas de la trasnacional, en las cuales se detectaron varias irregularidades y se llevó a cabo al menos un cierre temporal. Sin embargo, queda pendiente fincar responsabilidades intelectuales y dilucidar el involucramiento de la empresa en la embestida contra los ambientalistas.

El carácter nocivo de las actividades que lleva a cabo esta agroindustria ha sido señalado durante décadas y, aunque muchas veces quedó silenciado por la indiferencia generalizada hacia los problemas de las comunidades rurales, en 2009 saltó a los titulares nacionales e internacionales por los muy fuertes indicios de que su pésimo manejo de los residuos tóxicos que se producen en sus instalaciones generó la epidemia de gripe porcina, el virus conocido como A/H1N1. Lo que entonces se dio a conocer era sabido y sufrido por los habitantes del Valle de Perote desde 1994: las condiciones de hacinamiento de los cerdos, el uso intensivo de antibióticos (indispensable en los criaderos industriales para controlar las enfermedades que se propagan cuando los animales se encuentran confinados en grandes números), el vertido de los residuos a cielo abierto y sin ninguna barrera para evitar la contaminación de los mantos freáticos y la sobrexplotación de los acuíferos son sólo algunas de las formas en que Carroll ataca a la tierra y a las personas.

En el colmo del cinismo, el consorcio invita a los ocho campesinos denunciados a plegarse a un acuerdo reparatorio justo, para que de esta forma de manera voluntaria y confidencial busquen, construyan y propongan opciones, evitando con ello un proceso jurisdiccional. Es decir, los chantajea para que se sometan a la censura o se atengan a las consecuencias de enfrentar en tribunales a un ente que dispone de recursos prácticamente ilimitados para contratar a los despachos más poderosos en un contexto, además, en que es bien conocida la disposición de los juzgadores a dictar sentencias favorables a los grandes capitales. Está claro que sólo podrá hablarse de justicia si se desechan las querellas contra los defensores del medio ambiente y se emprende una exhaustiva investigación sobre las conductas potencialmente ilícitas de la compañía.