Chilpancingo, Gro. Con el compromiso de continuar la lucha por la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, concluyó esta tarde la Asamblea Nacional Popular, en donde se denunció que “ este gobierno no pudo dar verdad y justicia. A la fecha no sabemos el paradero de nuestros hijos. Las investigaciones avanzaron hasta el año 2022”.
El presidente, Andrés Manuel López Obrador “se ha empecinado en generar un falso debate de un supuesto intervencionismo extranjero, y de las organizaciones de derechos humanos que han obstaculizado el caso, como una mera justificación de su fracaso en las investigaciones del caso Ayotzinapa”.
Al concluir la asamblea, realizada en las instalaciones de la Normal de Ayotzinapa, ubicada en Tixtla, se dio a conocer la postura de los padres de familia “cuando se procesó a 20 militares y se exigió una investigación contra ellos, empezaron las tensiones con el presidente. La Comisión para la Verdad y el Accesos a la Justicia (CoVAJ) y la Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa (UEILCA) fueron desmantelados y sus titulares renunciaron en medio de las presiones y hostigamiento militar; el propio Alejandro Encinas ha sido citado para ser interrogado por los militares ante el silencio del presidente”.
Recordaron que “los 17 estudiantes sacados de barandilla municipal; los estudiantes que fueron ingresados al 27 batallón y entregados al grupo delictivo guerreros unidos, las extradiciones de Tomás Zerón y José Ulises Bernabé permanecen sin impulso ni avances”.
Podemos vaticinar que “no habrá novedades y avances del caso, en el tiempo que le resta al presidente, lo único que veremos en las mañaneras serán los vituperios contra el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y Vidulfo Rosales”.
Las pruebas contra el ejército existen: un soldado fue infiltrado en la Normal de Ayotzinapa, existen documentos militares que aprobó los cursos y exámenes como agente de contrainteligencia y que su inmediato superior informó de su desaparición el día 29 de septiembre de 2014; militares dieron seguimiento a nuestros hijos desde que llegaron a Iguala hasta su desaparición”.
Además, “intervinieron llamadas de los 17 estudiantes trasladados de barandilla municipal; datos de prueba establecen que mandos militares del 27 Batallón tenían vínculos delictivos con el grupo Guerreros Unidos; y un testigo protegido declaró que varios estudiantes fueron detenidos por los militares, ingresados al 27 Batallón y entregados a Guerreros Unidos. Corresponde al gobierno probar la plena participación del ejército y no invertir la carga de la prueba a las madres y padres de los 43”.
La clase política “vuelve al presidencialismo vertical y la construcción de un partido político de estado dominante que se ha aliado con las élites económicas y los militares, por lo que difícilmente habrá cambios estructurales; Morena se pretende erigir como impulsor de las luchas de izquierda llamando conservadores a aquellos que caminan por una ruta de lucha independiente y desde abajo”.
Ninguna lucha de izquierda “independiente y desde abajo es válida, para la nueva élite política, todos son conservadores. Para ellos la única forma de participación válida es dentro de las coordenadas de Morena y a través del sufragio”.
Las elecciones locales se ganan con dinero “terreno fértil para los grupos delictivos que se enquistan en las estructuras del Estado. En esta contienda electoral ganaron. En Guerrero más de cinco ayuntamientos serán gobernados por grupos de la delincuencia organizada”.
Los jerarcas militares “tiene una visión clasista y elitista, más preocupados por realizar tareas de contrainsurgencia y contener las luchas de izquierda, que velar por la seguridad nacional”.
El próximo 26 de septiembre, se cumplen 10 años de la desaparición en Iguala, de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
