Madrid. Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, decidió pasar a la ofensiva y presentar una querella por prevaricación y revelación de secretos contra del juez Juan Carlos Peinado, del Tribunal Superior de Madrid y el responsable de la instrucción del caso en su contra por los presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias.

Al igual que hizo el presidente del gobierno, quien decidió ordenar a la Abogacía del Estado para que presentara una querella por prevaricación contra el juez Peinado, ahora Begoña Gómez, a través de su abogado, el ex ministro socialista de Interior, Antonio Camacho, también presentó una demanda similar, en la que además se acusa al magistrado de realizar una “instrucción perversa y prospectiva, totalmente prohibida” en contra de ella, además de haber revelado datos clave de la causa cuando estaban bajo secreto de sumario, entre ellos su primera declaración grabada.

En el caso de la querella de Gómez contra el juez Peinado, el abogado justifica la denuncia en que se instruyó en contra de su defendida una “causa general de forma inusual, errática y prospectiva”, además de señalar al juez de haber realizado instrucciones judiciales “manifiestamente injustas, injustificadas y sin amparo legal”, que sería precisamente lo que justificaría la querella por prevaricación, que de prosperar y salir adelante podría suponer la expulsión del juez de la carrera judicial.

El caso abierto contra Begoña Gómez lo iniciaron sendas denuncias del sindicato y la asociación de extrema derecha Manos y Limpias y Hazte Oír, que se basaron en varias publicación en medios de comunicación en los que se denunciaba las supuestas reuniones en el Palacio de La Moncloa de la investigada con empresarios y represantantes de la universidad pública madrileña que posteriormente fructificó en beneficio de su actividad profesional. Una gran parte de la denuncia se basa en estos reportajes periodísticas, que además contrastan con las conclusiones adversas a esa teoría de la Unidad Especializada de la Guardia Civil y de la propia Fiscalía española, que propusieron archivar la demanda y, pese a todo, el juez decidió seguir adelante.

En ese empecinamiento se basa también la denuncia contra el juez de la Abogacía del Estado, en este caso en representación de Pedro Sánchez, quien argumenta, entre otras cosas, que se vulneraron los derechos de la institución que representa.