San Cristóbal de Las Casas, Chis. Las parroquias católicas de Pantelhó y Chenalhó manifestaron su “preocupación por la violencia sin control, mostrada en bloqueos, disparos continuos y enfrentamientos, que han provocado el desplazamiento de comunidades y la muerte de personas inocentes” en esos municipios.

Agregaron que “las comunidades han perdido la paz cotidiana por el miedo a las detonaciones de las armas; los niños y las niñas viven con miedo, sin entender por qué tienen que salir de sus casas a buscar refugio en la montaña o en otro paraje (no pueden salir a jugar); no pueden salir a trabajar por miedo a ser confundidos y alcanzados por una bala perdida”.

En un documento destacaron “el dolor del pueblo que sufre y la indignación por la ingobernabilidad que vivimos en el estado, la minimización que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador frente a la violencia que se ha viralizado en dichos municipios”.

Dijeron no entender “en manos de quién está la lucha contra el crimen organizado, ya que vemos que los criminales, cada día se hacen más fuertes en presencia de los militares y la Guardia Nacional, o, ¿están protegidos por ellos?, y porque, en los encargados de nuestra seguridad, estatal y municipal existe la sospecha de su complicidad con dichos criminales, que en los conflictos actuales han dejado familias sin tierra, sin casa y sin paz, porque han tenido que abandonar sus comunidades, unas para no aliarse, otros para no venderse, otras para no sumar más asesinos y asesinatos, y todas para proteger su vida”.

Le dijeron “al gobierno federal, estatal y municipal que están a tiempo de no mancharse con más desplazados buscando refugio en otro país”.

Las dos parroquias, pertenecientes a la diócesis de San Cristóbal, exigieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno, “respeto y defensa de los derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades que sufren la invasión del crimen organizado; aplicación del estado de derecho, que garanticen la seguridad y la paz de ambos pueblos”.

También les demandaron “atención a las necesidades de las familias desplazadas (de Tzanembolom y La Esperanza, entre otras) y retorno a sus respectivas comunidades, y respeto a las autoridades elegidas por ambos pueblos”.

Recriminaron a “los que se disputan la plaza para envenenar con drogas, a jóvenes y niños o, para reclutarlos; a los que planean desalojar de sus tierras a las comunidades que no se alían a sus maldades; a los que a fuerza de disparos intimidan y obligan al pueblo a unirse para hacer el mal; a los que se han dejado corromper con dinero y se convierten en corruptores de otros, a los servidores públicos que tejen redes de complicidad con el crimen organizado diseñando estrategias de desplazamientos para luego ocupar sus tierras, saquear las casas y apropiárselas, violando todos sus derechos”.