La iniciativa de reforma judicial propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, “podrían impactar directamente en el funcionamiento de la judicatura al someter el mecanismo de selección de jueces a un procedimiento en el cual las consideraciones políticas podrían fácilmente superponerse a los méritos objetivos de un candidato” señala la relatora especial de Naciones Unidas, Margaret Satterthwaite, en respuesta a un escrito enviado por jueces y magistrados mexicanos respecto de las modificaciones legislativas que se discuten en diversos foros.
Al escrito firmado por ocho mujeres y un hombre que se desempeñan como juezas de distrito y secretarias y secretario de tribunales federales con residencia en los estados de Zacatecas, Puebla, Nuevo León, la Ciudad de México, Baja California y Michoacán, en el cual los juzgadores nacionales le señalan “consideraciones sobre los graves efectos de la reforma judicial promovida por el gobierno de México”, la relatora respondió que las “preocupaciones se intensificarían en el contexto de desconfianza que podría existir alrededor de los procesos de selección judicial que se llevan a cabo en medio de alegaciones sobre corrupción, tráfico de influencias y falta de mecanismos efectivos para la participación de la sociedad civil”.
Según Margaret Satterthwaite, "las reformas propuestas no especifican los criterios aplicables a la selección de candidatos por cada rama de gobierno. Tampoco incluyen disposiciones relacionadas con el umbral de votos necesario para garantizar la legitimidad de las elecciones”.
Además, añade el documento de la relatora, las modificaciones propuestas carecen de un mecanismo transparente, independiente y accesible que permita a una autoridad independiente verificar si los candidatos cumplen con los requisitos de formación, aptitud e integridad. Al contrario, la iniciativa de reforma traslada al Senado la responsabilidad de verificar que los candidatos a Magistrado de Circuito y Jueces de Distrito cumplan con los requisitos de elegibilidad el artículo 95 de la Constitución. Al atribuir dicha responsabilidad a una entidad política como el Senado, la iniciativa de reforma no asegura una participación efectiva de la sociedad civil en el proceso de selección de candidatos.
Considera que “la elección popular de jueces podría incrementar el riesgo de que los candidatos a magistrados busquen complacer a los votantes o a patrocinadores de campañas con el fin de incrementar sus posibilidades de relección, en lugar de tomar decisiones fundamentadas exclusivamente en principios y normas jurídicas. Tales dinámicas suponen riesgos significativos para la imparcialidad de las decisiones judiciales y podrían socavar aún más la confianza pública en una judicatura que ya enfrentaría desafíos relacionados con su reputación e integridad”.
Según la representante de la ONU “la remoción anticipada de todos los jueces en funciones una vez que los nuevos jueces sean electos sería una clara violación de la permanencia en el cargo judicial. La imposición de una prohibición de trabajar durante los dos años siguientes a su remoción también atenta contra sus derechos laborales y el derecho a recibir una pensión.
También resultan profundamente preocupantes los informes que indican que aproximadamente mil 800 jueces y funcionarios serían inmediatamente despedidos tras la implementación de esta reforma”.
