Pachuca, Hgo. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) emitió recomendaciones a los ayuntamientos de Chapulhuacán, Tlahuelilpan y Tulancingo de Bravo por presuntos actos violatorios cometidos por agentes de seguridad, luego de la muerte de dos detenidos y discapacidad permanente en otro debido al uso excesivo de fuerza en las barandillas de esos ayuntamientos.

Tanto en el caso de Tulancingo como en el de Tlahuelilpan se determinó que los alcaldes, Eusebio Cristóbal Aquileo Hernández y Adrián Radamés Hernández, respectivamente tendrán que brindar una disculpa pública a los familiares de los fallecidos.

El organismo informó que en los casos de Tulancingo y Tlahuelilpan, por publicaciones que aparecieron en redes sociales sobre el fallecimiento de dos detenidos en el interior de las galeras o cárceles preventivas de esas alcaldías, se iniciaron quejas de oficio para esclarecer ambos fallecimientos.

En el caso de Tulancingo, se integró la recomendación R-TB-0010-24 por el caso de la muerte del joven Mariano Jesús Arriaga Hernández, ocurrida la madrugada del pasado 11 de mayo en la celda 8 de barandilla de la Policía Municipal de Tulancingo. Horas antes de su muerte, el joven había festejado con sus familiares el Día de la Madre.

La mañana del 11 de mayo, al notar que su hijo no había regresado, sus padres Jesús Arriaga Franco y Emma Hernández Montiel junto con otros familiares comenzaron a buscarlo.

Luego se enteraron de que había sido detenido por la policía municipal casi a la media noche del 10 de mayo e ingresado a una celda de la barandilla donde falleció según las autoridades, la muerte se produjo al golpearse él mismo contra la reja y las paredes de la celda por estar presuntamente intoxicado. Había sido detenido para “resguardar" su integridad física ante el riesgo de ser atropellado por atravesarse sin precaución algunas calles y avenidas del Centro de Tulancingo.

La CDHEH concluyó que hubo violación de los derechos humanos y violencia institucional contra el detenido.

También que no se les respetó su derecho a recibir atención médica, psicológica y tratamiento especializado.

El presidente municipal, la jueza conciliadora municipal y servidores públicos de las direcciones de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, fueron señalados de responsables de estos hechos.

El segundo caso se suscitó en Tlahuelilpan en mayo de 2023 según la recomendación R-TA-009-24.

Por omisiones y descuidos del personal de Seguridad Ciudadana Municipal,un individuo que había sido ingresado a la barandilla, se suicidó ahorcándose con una prenda.

La CDHEH responsabilizó al presidente municipal, la conciliadora municipal y a los elementos de Seguridad Ciudadana .

En el tercer caso, ocurrido en Chapulhuacán, la CDHEH a través de la recomendación R-VJ-0008-24 puntualizó que el 15 de septiembre de 2020 se inició una queja en contra de policías municipales de ese municipio por la discapacidad permanente de un detenido en la barandilla.

Según el expediente del caso, el 29 de agosto de ese año un hombre fue detenido por policías municipales de Chapulhuacán por conducir en estado de vida.

Con el fin de hacer la certificación médica correspondiente del detenido, fue llevado a una clínica de salud.

Al término de la certificación los policías municipales en total violación a protocolo no le colocaron los candados de seguridad en las manos.

El detenido se bajó de la patrulla en que era trasladado cuando estaba en el estacionamiento de la alcaldía y corrió hacia unas escaleras para escapar.

Sin embargo, cayó y se golpeó la cabeza por lo que sufrió un traumatismo craneoencefálico lo que originó la discapacidad permanente.

Los custodios incurrieron en  omisiones durante la detención y traslado del agraviado, desconocían ordenamientos jurídicos, lo que resultó en violación a derechos humanos de la víctima, según la CDHEH.

En los tres casos se ordenó inscribir a las víctimas directas e indirectas en el registro Estatal de víctimas con el fin de que reciban los fondos necesarios de ayuda para reparación de daños.

También que el personal de seguridad pública y otras instancias de otros municipios tomen cursos correspondientes a Derechos Humanos y normatividades así como la aplicación de sanciones correspondientes a los involucrados en los tres casos.

Finalmente, por los dos incidentes específicos de Tulancingo y Tlahuelilpan se exigió a los alcaldes brindar una disculpa pública a los familiares de las víctimas.