Ciudad Juárez, Chihuahua. Rafael Gómez Medina, magistrado del Tribunal Unitario Agrario (TUA), quien no fue que no fue ratificado por el Senado de la República, fue destituido por acoso sexual contra una compañera de trabajo .
Este año se presentó una denuncia contra el abogado ante el Ministerio Público de la Federación en la delegación local de la fiscalía general de la República (FGR) en el estado de Chihuahua
La acusación con el número de registro FED/CHIH/CHIH/0000914/2024 también incluye una denuncia por acoso laboral contra una empleada del Tribunal Unitario Agrario y fue radicada en la capital del estado para ser analizada antes de enviarla ante un juez.
Fue una mujer de apellido Rascón, quien es compañera de trabajo del magistrado, quien presentó la denuncia penal. Hasta ese momento ella ocupaba el cargo de secretaria Proyectista, es abogada de profesión, y de acuerdo con la declaración que hizo en la denuncia ante el MPF, fue despedida y suspendida injustificadamente por el funcionarios al no ceder a las pretensiones sexuales del ahora ex magistrado, lo que la llevó a acudir a las autoridades para reportar el acoso que sufrió durante el último año laboral.
Además, se informa que la víctima incluso tuvo que incapacitarse para evitar situaciones de hostigamiento por parte del magistrado.
Aparte el Tribunal Unitario Agrario, donde el titular es el magistrado Rafael Gómez Medina, tiene acusaciones previas de no atender los reclamos de los campesinos, funcionarios públicos del propio tribunal, así como abogados que asisten a ellos.
Ha sido señalado de actuar como si no conociera el derecho agrario, ya que ha suspendido audiencias en donde se atenderían los conflictos, desahogo de pruebas y en su momento emitir las resoluciones correspondientes.
Abogados que litigan en materia agraria afirma que las instrucciones de a que profesionales del derecho atender y a cuáles no sin tomar en cuenta que los campesinos gastan dinero para acudir a las audiencias sin ser atendidos sin causa justificada.
También se está presentando por órdenes del magistrado no prestar ciertos expedientes para que los que acuden al Tribunal no se enteren de los acuerdos, o simplemente no los vean.
