Ciudad de México. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México dirigió la Recomendación 07/2024 a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por la detención ilegal y arbitraria de una persona; así como la tortura infringida a una niña y su familia, por parte de sus elementos, cometidos el 10 de febrero de 2022, en la demarcación territorial de Álvaro Obregón, informó su titular Nashieli Ramírez Hernández.

A las 22.33 horas de ese día, los elementos a bordo de 14 patrullas ingresaron al domicilio de Verónica Albiter Gutiérrez, quien se encontraba con su hija menor de edad, sin una orden judicial, exigiéndole les informara dónde estaba su hijo.

Tras amenazarla, la encañonaron y la subieron a una patrulla; mientras su pequeña accede a entregarles dinero que le exigían y decirles dónde estaba su hermano para que “no maten a su mamá y dejen de golpear a su papá”, siendo trasladada a otro domicilio con una vecina.

Los uniformados irrumpieron en ese lugar donde estaba Erik López Albiter junto con su esposa, su hija y otros familiares, y lo subieron a una patrulla, donde le pegaron, le cortaron la respiración con una bolsa, amenazaron y lo obligaron a grabar un video haciéndose responsable de un homicidio, de acuerdo con las dos denuncias presentadas

Su detención, explicó la cuarta visitadora general de la CDHCM, María Luis García, fue a alrededor de las 23:30 horas, pero es presentado ante el agente del Ministerio Público hasta las 2:24 horas del 11de febrero.

Además se difunde una fotografía de Erik franqueado por dos policías en redes sociales y medios de comunicación haciéndolo responsable de dicho delito, por lo que tras recibirse dos quejas en febrero y abril de ese año, se inició una investigación, dijo.

La visitadora explicó que se solicitó información a la SSC, se realizó análisis jurídico a la carpeta de investigación, se revisaron videograbaciones y se entrevistó a las personas agraviadas y testigos, además de elaborarse tres dictámenes médicos y tres psicológicos.

Dichos dictámenes fueron elaborados conforme al manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, conocido como protocolo de Estambul.

A partir de ello, la CDHCM acreditó que servidores públicos de la SSC son responsables de violaciones a derechos humanos, en perjuicio de las víctimas directas Erick López Albiter, Verónica Albiter Gutiérrez y la menor de edad; y tres víctimas indirectas.

Los derechos humanos violados son a la seguridad jurídica en relación con libertad y seguridad personales, incluyendo la omisión de respetar la inviolabilidad del domicilio, detención arbitraria y detención ilegal.

Así como el derecho a la seguridad personal, particularmente al derecho de toda persona, a no ser sometida a tortura y derecho al debido proceso por omisión de proteger frente a terceros datos personales, información e imagen de la persona, precisó.

En la sala Digna Ochoa, la presidenta de la CDHCM señaló que la tortura es una grave violación a los derechos humanos, es sistemática y estructural, pero cuando las víctimas son niñas, niños o adolescentes, las afectaciones cobran mayores dimensiones.

Destacó que, en este caso, se hizo echando mano de la violencia, tal como consta en la presente recomendación, por tanto es imperativo instrumentar todas las medidas que garanticen la prevención de la violencia hacia los menores, por los daños físicos y sicológicos de estrés permanente, que les deja.

Por ello, se dirige la Recomendación 07 2024 a la SSC, en su calidad de autoridad responsable, y establece que las víctimas directas e indirectas estén en el registro de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Así como con dicha Comisión para facilitar el otorgamiento de las medidas de ayuda inmediata, asistencia, atención e inclusión de las víctimas; y proceder a los planes de reparación integral que deberá ser atendidos por la Secretaría.

Se solicitará a dicha dependencia que la Recomendación sea integrada en la carpeta de investigación radicada en la Fiscalía de Investigación de los Delitos cometidos por Servidores Públicos, por el delito de tortura, indicó.

La Secretaría además adoptar las medidas necesarias para que se revise el capítulo segundo numeral 10 de su protocolo general de actuación policial, con la finalidad de que establezca directrices de actuación policial y exista protección reforzada hacia menores de edad.

La ombudsperson señaló a las víctimas, que estuvieron presentes en el evento, que esto no es el final del proceso para que accedan a la justicia y a la reparación del daño que tienen derecho, por lo que se dará seguimiento a la aceptación y cumplimiento de los puntos recomendatorios.