La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, solicitó a la Corte de Constitucionalidad (CC) que le permita encausar penalmente al presidente Bernardo Arévalo porque supuestamente toma medidas políticas y financieras contra la institución que dirige.
Porras también cree que, con las críticas que Arévalo y otros funcionarios de gobierno hacen de su gestión, promueve la violencia contra ella y funcionarios de su institución, y atentados contra su integridad física y contra su vida; sin embargo, no hay reportes de que algo como esto hubiese ocurrido. La fiscal formó un grupo de guardias armados para presuntamente protegerla a ella y a la institución.
La nueva acción de Porras se da luego de que el gobierno denunciara que la fiscalía secuestró el padrón electoral con los datos sensibles de casi 10 millones de guatemaltecos aptos para votar y que incluye nombre, dirección, número telefónico y filiación política.
La fiscal y varios de sus trabajadores mantienen una afrenta constante contra Arévalo y su gobierno que comenzó desde el momento en que fue reconocido como uno de los dos candidatos que se disputarían la presidencia en 2023, y que finalmente ganó Arévalo en las elecciones.
Desde entonces, la fiscalía ha allanado sedes electorales, presentado solicitudes de retiro de inmunidad a magistrados electorales y al mismo presidente, así como acciones contra miembros del partido político Movimiento Semilla con el que Arévalo ganó la presidencia. También ha emprendido acciones contra trabajadores electorales y unos 150.000 ciudadanos que participaron en las mesas electorales recibiendo, resguardando y contando los votos, por diversas acusaciones, entre ellas un supuesto fraude.
Arévalo ha denunciado que la fiscal general se niega a investigar actos de la administración del expresidente Alejandro Giammattei, quien nombró a Porras en el cargo. El gobierno ha presentado más de 100 denuncias contra el pasado gobierno por hechos de corrupción.
Ante las acciones de la fiscal, Arévalo también solicitó al Congreso de la República modificar la ley para permitir que él pueda removerla del cargo. Porras ha sido sancionada por al menos 40 países que la señalan de obstruir la lucha anticorrupción y de socavar la democracia en el país. La fiscal ha refutado las acusaciones.
La semana pasada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó el país y recomendó hacer un examen independiente profundo sobre el Ministerio Público y ofreció su apoyo técnico, ante denuncias de criminalización de la institución a operadores de justicia, jueces, fiscales, defensores de derechos humanos y periodistas.
