Monterrey, NL. El Partido Movimiento Ciudadano reservará por cinco años la información relativa a la organización, logística y ejecución del evento de campaña en San Pedro Garza García, donde murieron 10 personas y 63 más resultaron lesionadas al desplomarse el escenario.
El pasado 27 de junio, el Comité de Transparencia de la Comisión Operativa estatal de MC votó para aprobar el acuerdo mediante el cual se reserva la información que le fue solicitada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
Uno de los argumentos expuestos por el partido para opacar la información relativa a la tragedia ocurrida el pasado 22 de mayo en el campo de beisbol El Obispo, es que la Fiscalía General de Justicia Estatal tiene abierta una carpeta de investigación del caso, y revelar datos puede obstaculizar las indagatorias.
Dichos datos, establecen el acuerdo de reserva de la información, "no pueden ser revelados, puesto que su publicación representa una probable obstrucción a la prevención o persecución de delitos, así como una afectación a los derechos del debido proceso.
"Se confirma por decisión unánime la clasificación con reserva total por un periodo de cinco años, sin prejuicio de que previo al vencimiento de dicho plazo pueda llevarse a cabo su desclasificación, en caso de que dejen de subsistir las causas que dieron origen a la clasificación de la información".
Con esta decisión, el partido del gobernador Samuel García Sepúlveda omite dar información sobre los contratos para la realización del cierre de campaña de la candidata emecista a la Alcaldía de San Pedro, Lorenia Canavati Von Borstel, y del presidenciable Jorge Álvarez Máynez.
Tampoco transparenta en ese lapso, los contratos del seguro de responsabilidad civil y el dictamen realizado a la estructura del escenario que cayó sobre la multitud, así como de sus proveedores, entre otros.
El acuerdo fue firmado por el presidente del Comité de Transparencia de MC, Artemio Ortegón Arellano, y sus dos vocales, Jorge Arturo Cervantes Flores y Arlette Agiss Salas.
Recientemente se publicó que el gobierno del estado pagó al menos 10.3 millones de pesos en indemnizaciones para las familias de los 10 fallecidos y a las 63 personas que sufrieron lesiones con incapacidad prolongada.
