La tentativa de golpe de Estado fue puesta en marcha por la Casa Blanca, con la complicidad de la Organización de Estados Americanos (OEA), los medios de comunicación corporativos y la ultraderecha venezolana en el instante mismo en que se dieron cuenta de su nuevo fracaso en las urnas. Su estrategia se basa en la deslegitimación del conteo oficial y el sistema electoral, y en su campaña de desinformación ocultan al público internacional datos claves sobre el funcionamiento de estos mecanismos: esconden, por ejemplo, que tanto las máquinas de votación electrónicas como el sistema de transmisión de los resultados fueron auditados en repetidas ocasiones por representantes opositores, quienes no encontraron ni denunciaron falla o alteración alguna en ellos. Asimismo, reclaman al Consejo Nacional Electoral (CNE) la presentación de las actas al mismo tiempo que llevan a cabo ataques criminales contra las sedes del organismo y perpetran asaltos cibernéticos contra sus sistemas de cómputo.
En estos momentos cruciales para el futuro de la nación caribeña, debe haber completa claridad en torno a un punto: lo que está en juego no es nada más quién habitará el Palacio de Miraflores, sino la sobrevivencia de Venezuela como país soberano. La imposición del candidato de paja Edmundo González, de la líder golpista María Corina Machado y de la oligarquía a la que representan significaría el sometimiento colonial a Washington y el saqueo de su petróleo, tal como le ocurrió a Irak hace dos décadas. No se trata de una especulación: desde 2019, Estados Unidos y sus cómplices han robado todos los activos venezolanos en el exterior a los que han podido echar mano, y la clase política de ese país nunca ha ocultado que su plan para una Venezuela poschavista es el reparto del territorio entre compañías petroleras.
En el contexto de extrema polarización que suscita la cuestión venezolana, hay sectores que pretenden desmarcarse del neocolonialismo y del expolio neoliberal, pero justifican el intervencionismo con el argumento de que la democracia es un valor superior a la soberanía. Según estas voces, la defensa del Estado soberano es un pretexto para defender a dictaduras y regímenes autocráticos como, a su juicio, es el de Nicolás Maduro. A estas personas intoxicadas por el aparato propagandístico corporativo cabe recordarles que la soberanía no es un adorno ni un atributo obsoleto, sino la condición sine qua non de la democracia: si las decisiones cruciales sobre el diseño del sistema político y el modelo económico a seguir son tomadas desde la Casa Blanca, los think tanks occidentales y los consejos de administración de las trasnacionales, la voluntad popular queda anulada y el sufragio se convierte en una mera simulación, en un espectáculo mediante el cual se otorga falsa legitimidad a decisiones tomadas de antemano por las élites.
Se piense lo que se piense del gobierno de Maduro, nada justifica el injerencismo en los asuntos internos de Venezuela fuera de los canales habilitados por la legalidad internacional. El doble rasero que predomina en este ámbito queda exhibido en que se espera de Caracas que acepte de buen grado agresiones a su soberanía que Washington jamás toleraría si se dirigiesen contra él: mientras la superpotencia se sintió ultrajada porque Moscú supuestamente pagó publicaciones en redes sociales con el propósito de influir en la opinión pública en las elecciones presidenciales de 2016, quiere que el mundo considere normal que toda la derecha venezolana sea adiestrada, financiada y dirigida por sus agencias de espionaje.
Como se dijo, no hay dilema alguno, pues soberanía y democracia son indisociables, y defender la segunda presupone exigir el fin del injerencismo de Estados Unidos y la salida de todos sus agentes locales de la vida política venezolana.
