Ciudad de México. A nueve años del multifeminicidio de Alejandra Negrete, Mile Martin, Yesenia Quiroz y Nadia Vera; así como del homicidio de Rubén Espinosa, familiares denunciaron que se desconoce aún el móvil del crimen, que se han perdido pruebas, no se ha castigado a los servidores públicos que incurrieron en omisiones y no se ha detenido a todos los responsables, aun cuando la Fiscalía General de Justicia ha reconocido la participación de otros dos autores materiales.
En una protesta realizada afuera de las instalaciones de la dependencia, la hermana del fotoperiodista, Adriana Espinosa, acusó que no se han agotado las líneas de investigación de trata de personas y libertad de expresión y tema Veracruz, imperando la impunidad.
“Desde un principio se quiso hacer creer que no tuvo que ver la labor periodística de Rubén y el activismo de Nadia, sino que había sido producto de robo, de drogas, prostitución, como dijo el ex procurador general de Justicia, Rodolfo Ríos, lo cual es falso”, afirmó.
Foto Jair Cabrera
Afirmó que la Fiscalía “no ha indagado las agresiones e intimidaciones que sufrió Rubén en Veracruz y le hicieron venir a la ciudad de México, y del año pasado a este han sido mucho menos los avances en el caso”, ocurrido el 31 de julio de 2015.
Tras informar que 48 horas después de instalar un nuevo memorial afuera del edificio de Luz Saviñón 1909, el pasado domingo, lamentó que el encargado de despacho de la Fiscalía, Ulises Lara, no ha abrazado el caso.
Comentó que ayer “se nos informó al mediodía que quería tener una reunión a las seis de la tarde”, la cual no aceptamos. Por ello, exhortó a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, y a la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, que los atienda.
“No buscamos una selfie o protagonismo, sino llegar a la verdad y justicia, pues a pesar de las evidencias entregadas a las autoridades y que éstas reconocen la participación de dos personas más como autores materiales y de un auto Malibú, nada han hecho”, denunció.
Patricia solicitó al coordinador general de investigación territorial revisar las cámaras de videovigilancia para identificar dónde se encuentra el memorial que habían colocado, por segunda ocasión, y ubicar dónde se encuentra para ser reinstalado y protegido.
Foto Jair Cabrera
Veracruz se ha considerado el estado más peligroso para la prensa. Edgardo Calderón, coordinador de defensa de Artículo 19, acompañado de familiares de algunos de los 166 periodistas asesinados y 31 desaparecidos en la entidad, señaló que los hechos fueron parte de un operativo coordinado por al menos otras dos personas a las tres sentenciadas.
El número de personas involucradas, sin embargo, es de por lo menos 10. No se han agotado las tres líneas de investigación abiertas y las denuncias en contra de servidores públicos por omisiones y filtración de información, no han avanzado hacia la justicia.
Desde el multifeminicidio y homicidio de la Narvarte, dijo, se han asesinado a otros 77 periodistas, y a la fecha 31 de ellos permanecen desaparecidos, a lo que se abona un listado infame de impunidad, denunció.
Las familias y sus representaciones legales, precisó, “hemos tenido que pasar ya por cuatro Procuradores y Fiscales, 4 jefaturas de Gobierno de la Ciudad de México, y 2 administraciones presidenciales, y aún tenemos que seguir exigiendo verdad y justicia”.
Al igual que los familiares de periodista, que participaron en la protesta (que incluyó pintas de verdad y justicia en las paredes del Búnker), exigió a la Fiscalía realizar todas las diligencias necesarias para determinar la identidad de las personas que participaron en el hecho.
La línea Veracruz, que tiene relación con el activismo de Nadia Vera y la labor periodística de Rubén Espinosa, consideró, no debe cerrarse sino hasta confirmar con certeza que no existe ningún vínculo entre su labor periodística y su asesinato.
Además, deben continuar las investigaciones sobre los funcionarios de la PGJCDMX involucrados en la manipulación y desvío de la investigación, así como de la filtración de información del caso.
El cumplimiento de la Recomendación 4/2017 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que incluye la reparación integral del daño para las familias, como medidas de rehabilitación, restitución y satisfacción, también debe realizarse, puntualizó.
Hasta el momento, son tres personas sentenciadas por los hechos: César Omar Martínez, Abraham Torres Tranquilino y Daniel Pacheco, quienes se encuentran en el Centro de Alta Seguridad de Santa Martha Acatitla.
