Entre los principales focos rojos sobre el modelo de justicia en México, de acuerdo con la percepción de miles de civiles y funcionarios públicos de ese sector, impera la corrupción y desconfianza en el sistema legal, la influencia externa sobre jueces, la revictimización y el trato inadecuado, la falta de capacitación y profesionalismo y muchas barreras de entrada en los criterios para la carrera judicial, señala un informe de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Los datos son parte de los 6 mil 716 problemas que las 3 mil 279 personas de los sectores público, sociedad civil, academia e iniciativa privada, plantearon en los 14 foros del Encuentro Nacional para una Agenda de Justicia y Seguridad.

Debemos decirlo con toda claridad: la justicia está muy lejos de las personas. La mayor parte de los conflictos se resuelven fuera de las instancias del Estado y el costo inhibe el acceso a la justicia, señala el análisis final de los foros, que la Corte publicó en su sitio de Internet.

Dicho documento servirá a la Corte para presentar en agosto una propuesta alterna que abone a la iniciativa presidencial de la reforma al Judicial, que la Cámara de Diputados planea discutir el mismo mes.

Los participantes plantearon los 6 mil 716 problemas al analizar cuatro ejes temáticos: seguridad y justicia, acceso a los servicios legales, sistema nacional de impartición de justicia y justicia y rendición de cuentas.

Por ejemplo, al analizar los hallazgos sobre acceso a la justicia se tomó una muestra con un universo de 688 problemas planteados por 175 servidores públicos, 43 de la sociedad civil, 33 de la academia y 33 del sector privado, y se observa que entre las fallas 25 por ciento de los consultados plantearon la falta de capacitación y profesionalización; 20 por ciento, recursos insuficientes; 20 por ciento, la corrupción e impunidad; 15, deficiencias en procedimientos y metodología; 10 por ciento, falta de coordinación y comunicación; 10 por ciento, revitalización y trato inadecuado, y 5 por ciento, la falta de tecnología y modernización.

Pero la preocupación también está sobre quienes procuran la seguridad pública y la protección de derechos. En la muestra de mil 142 situaciones expresadas por 253 servidores públicos, 121 de la sociedad civil, 94 de la academia y 60 del sector privado se muestra que 20 por ciento ven problemas en corrupción e impunidad, 20 por ciento tienen desconfianza, 20 por ciento denuncian deficiencia en recursos y capacitación, 15 por ciento, fallas en accesibilidad y eficacia del sistema judicial, 15 por ciento, violencia y delincuencia y 10 por ciento, falta de protección de derechos humanos.