Atrincheradas, tropas de fuerzas especiales guatemaltecas, kaibiles y policías, apuntan sus ametralladoras a la frontera con México. Más de 100 efectivos de la Quinta Brigada de Infantería Mariscal Gregorio refuerzan su territorio en el departamento de Huehetenango para cuidarlo de ataques del crimen organizado desde el lado mexicano.

Según el gobierno chapín, huyendo de la narcoviolencia, 249 mexicanos cruzaron la línea divisoria y se refugiaron en la comunidad Ampliación Nueva Reforma, en la municipalidad de Cuilco. Los chiapanecos, en su mayoría provenientes de Amatenango y Mazapa de Madero, fueron albergados de manera temporal en una escuela.

Hay quien calcula en 500 el número de desplazados. El presidente Bernardo Árevalo informó en rueda de prensa el 24 de junio, que las familias mexicanas “están escapando de la confrontación entre grupos que tiene lugar del lado mexicano”. Los refugiados decidieron dejar sus hogares ante la escasez de alimentos y la violencia.

Según la diócesis de Tapachula, la situación en la sierra y la frontera chiapaneca “es desesperante por la presencia permanente de los cárteles de la droga disputándose el territorio, yendo y viniendo, ante la indiferencia y la complicidad aparente de la Guardia Nacional (GN) y del Ejército”.

En un comunicado firmado por el obispo emérito de Tapachula y arzobispo electo de León, Guanajuato, Jaime Calderón Calderón, y por otros clérigos, se advierte: “Es muy complicado vivir así; por un lado, secuestrados en casa propia, obligados a hacer lo que no deben, con un profundo sentido de la impotencia ante la incomprensible de la situación que viven”.

En Frontera Comalapa faltan víveres y productos de primera necesidad y los que se encuentran están carísimos. Los pobladores se encierran en sus casas. Los bloqueos carreteros están a la orden del día. No hay transporte.

Armados, integrantes de El Maíz, brazo “social” del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), controlan las entradas de Chicomuselo. Los monstruos recorren los caminos con absoluta impunidad. En Siltepec, los combates dañaron en servicio telefónico y el eléctrico.

En julio de 2023, en estas páginas, en un artículo titulado “La batalla de Frontera Comalapa”, elaborado a partir de testimonios directos de habitantes de las comunidades que sufrieron la violencia, busqué reconstruir parte de los enfrentamientos armados entre el cártel de Sinaloa y los de las cuatro letras por el control de ese territorio, rutas y mercados estratégicos para el paso de drogas y migrantes indocumentados.

También, hacer una genealogía de esa guerra, desde la emboscada en que cayó José Fernando Ruiz Montejo, El Poni, y tres de sus guardaespaldas, en el ejido Joaquín Miguel Gutiérrez, Frontera Comalapa, el 28 de diciembre de 2020 (https://shorturl.at/NcgPS).

Desde entonces, la situación se agrava cada vez más. Hoy es asunto binacional. A más de 261 kilómetros de allí, ante los ataques en su contra a partir del 10 de julio por la Fracción Tza nembolom, ligada al grupo de matones de Los Herrera, 108 tsotsiles de la comunidad de Tzanembolom, municipio de Chenalhó, se resguardaron en la escuela Amado Nervo durante 10 días.

Sus casas fueron saqueadas. Los hermanos Rubén y Daily Herrera controlaron despiadadamente, durante años, Pan telhó. El patriarca del clan, Austreberto, está preso por asesinar a dos personas en abril de 2015 (https://bit.ly/3hXCcuy). En 2002 se quiso autonombrar para ser juez local. Fue él quien abrió la puerta al crimen organizado.

Finalmente, los agredidos fueron rescatados de las aulas por un operativo policiaco y trasladados a la casa de la cultura de Chenalhó. El pasado 7 de junio, unas 4 mil personas abandonaron la cabecera municipal de Tila, en el norte de Chiapas, ante una ola de violencia. Durante tres días se suscitaron balaceras y quemas de autos y casas en la ciudad.

Los que se fueron, se trasladaron a las comunidades de Yajalón y Petalcingo. Según cifras oficiales, hubo tres muertos y cuatro heridos. Los choles autónomos han sufrido de forma intermitente a los paramilitares herederos de Paz y Justicia y del cacicazgo del arquitecto Límberg Gregorio Gutiérrez Gómez, quien ha saltado de partido en partido (https://shorturl.at/mwt9d).

El ejido Tila, adherente al Congreso Nacional Indígena, advirtió que “estas últimas semanas han sido de dolor y terror”, luego de que “el 4 de junio integrantes del grupo delincuencial Karma se presentaron detonando armas de alto calibre”.

Explicó cómo “insistentemente se denunció la entrada del crimen organizado a nuestro territorio, los asesinatos de compañeros y las amenazas; ahora estamos en un escenario de desplazamiento forzado, muerte y amenaza a nuestra supervivencia como pueblo ch’ol”. Señaló que “hemos venido denunciando al grupo delincuencial Karma, apoyado por el ayuntamiento de Tila (presidido por Límber Gutiérrez Gómez), que ha venido actuando impunemente matando a ejidatarios, entre ellos a nuestros compañeros Carmen López Lugo, el 12 de enero, y Domingo Lugo Ramírez, el 14 de marzo”.

Ellos sólo respondieron a la agresión que algunos de sus integrantes sufrieron. Estos tres ejemplos son unas cuantas muestras de la situación en Chiapas. Hay más violencia grave y desplazamientos forzados, a pesar de ser una entidad militarizada.

El coctel resultante de la mezcla de la guerra entre cárteles por rutas y territorios, el paramilitarismo, la acción de grupos delincuenciales, la descomposición de cacicazgos indígenas y la recomposición de la vieja familia chiapaneca asociada a la industria criminal ha hecho saltar por los aires el antiguo modelo estatal de dominio. En los hechos, se ha abierto una caja de Pandora de consecuencias preocupantes. X: @lhan55