Pronto será el décimo aniversario de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero. Todo indica que sus padres no tendrán la anhelada verdad y justicia. Lo que si mantendrán es su confianza en el acompañamiento y asesoría de los organismos defensores de derechos humanos Tlachinollan, Centro Pro y las organizaciones sociales Fundar y Serapaz. Respaldados también por los espacios de la ONU y la OEA. Estos días se ha instalado un escenario muy preocupante, más aún porque del combate contra la llamada verdad histórica que el peñanietismo pretendió colocar, se ha materializado una suerte de disputa por la verdad, a raíz del reporte elaborado por el Presidente de la República, con fecha 8 de julio, dirigido, exclusivamente, a los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, no a sus defensores, a quienes refiere como “supuestos defensores de derechos humanos y organismos internacionales, como la OEA y agencias del gobierno de Estados Unidos”, y publicado , en el periódico La Jornada el pasado 20 de julio.
El reporte aborda el caso Ayotzinapa desde una peculiar mirada política que reitera diversas desconfianzas personales del titular del Ejecutivo federal, igual a los defensores en el país que a instancias del exterior, como la OEA, en una lectura de una suerte de intervencionismo opositor que en su momento se materializó en la cooperación técnica para el caso a través del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en cuyo procesamiento resultan señalados de mala fe quienes formalizaron la petición y aprobación de tal mecanismo de coadyuvancia. Pero no se queda ahí: también se vincula en el documento los ataques desde la DEA y una periodista para acusar, sin pruebas, al gobierno actual y en concreto al Presidente de la República de haber recibido financiamiento de grupos del llamado crimen organizado. Éste y otros elementos alejan sustancialmente al documento del caso Ayotzinapa donde las conclusiones preliminares del GIEI y de un informe significativo de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (Covaj) apuntan a la intervención y en su caso responsabilidad del Ejército, así como de otros niveles de gobierno que llevaron a la Covaj a referir que estamos ante un crimen de Estado y a los informes del GIEI a destacar que faltan 800 folios de documentos del Ejército que no han ido entregados y son claves para el esclarecimiento del caso.
La lectura del reporte con su yo acuso no parece estar dirigido sólo a los familiares de los estudiantes desaparecidos. Nada casual que no se retome el segundo informe de Alejandro Encinas, ex presidente de la (Covaj), donde concluyó que en la desaparición de los 43 estudiantes participaron la banda Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano. Señaló que los militares son pieza clave dentro del tablero de los perpetradores que presenciaron la desaparición de los 43 normalistas; sin embargo, no lo evitaron y, peor aún, lo negaron en sus declaraciones. También actuaron, se indicó, con opacidad al negar toda la información que resguardaron en el Centro Regional de Fusión de Inteligencia que operaba en Iguala en 2014. Narrativa coincidente con informes del GIEI también objeto de señalamientos con fines aviesos.
Aquí habrá que anotar que el reporte , desde su inicio y final , plantea una defensa irrestricta del Presidente de la República al Ejército, pues considera que no hay pruebas que lo vinculen. Es importante detenernos a explicar y reiterar que estamos ante un documento de carácter político, ajeno a la dimensión de procuración de justicia y cuya implicación, acusaciones e hipótesis refieren parcialmente al Poder Judicial, el cual sí es cuestionado por unas liberaciones que ordenó y no así a la Fiscalía General de la República, a la cual no se toca, sencillamente queda fuera del relato. Sobra decir que la superposición y avasallamiento político deja de lado al campo del derecho, que debería ser eje rector. Es evidente que esta virtual suplantación impacta fuertemente tanto por su contenido como por el autor del mismo, cuya fuerza es significativa tratándose del Presidente de la República.
Los familiares de los 43 estudiantes ya fijaron una posición pública. Se deslindaron frente al discurso que los ubica como opositores y casi enemigos del Ejército, o aliados de intereses extranjeros; nuestra única prioridad, dicen, es saber qué pasó con nuestros hijos. Señalaron que ellos son las víctimas y reconocen que al inicio del actual gobierno se vio voluntad de reabrir la investigación. Destacaron la mala fe del Ejército en la versión de que el soldado infiltrado sólo quería ser maestro y anotaron el oficio donde se reconoció que recibió adiestramiento en inteligencia y cubría funciones de informante. Muy admirable la reiteración de su esperanza de encontrar verdad y justicia en el próximo gobierno.
