El 22 y 23 de septiembre se celebrará la Cumbre del Futuro en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York (https://tinyurl. com/77z6tuyj). El más reciente borrador de su principal insumo, el “Pacto del Futuro”, comienza diciendo (y traduzco porque no lo encuentro en español, vivimos en un mundo anglificado) que “nosotros, los jefes de Estado y de gobierno, en representación de los pueblos del mundo, nos hemos reunido en la sede de Naciones Unidas para proteger las necesidades y los intereses de las generaciones presentes y futuras mediante las acciones acordadas en el presente Pacto para el Futuro”. Advierten que “nos enfrentamos a una creciente gama de riesgos catastróficos y existenciales. Si no cambiamos de rumbo, corremos el riesgo de inclinarnos irreversiblemente hacia un futuro de crisis y persistentes colapsos”. Pero ofrece el consuelo de que “éste es también un momento de esperanza y oportunidad. La transformación global es una oportunidad de renovación y progreso basada en nuestra común humanidad (https://tinyurl. com/24j4r8w5)”.

El Pacto del Futuro es extenso (30 páginas) y toca cinco grandes áreas: desarrollo sustentable y financiamiento para el desarrollo; paz internacional y seguridad; ciencia, tecnología, innovación y cooperación digital; juventud y futuras generaciones, y transformación de la gobernabilidad global. Está repleto de buenas intenciones; vale la pena leerlo. Sin embargo, no cuestiona el modelo neoliberal ni el control corporativo de la economía global. Al contrario, propone (Acción 5.21.C) “facilitar el acceso de países en desarrollo a la OMC y promover la liberalización y facilitación del comercio y la inversión”.

A pesar de las buenas intenciones de los jefes de Estado y de gobierno de “esforzarse por un mundo que sea seguro, sustentable, pacífico, inclusivo, justo, equitativo, ordenado y resiliente”, se soslaya por completo que el entramado de tratados de libre comercio y de inversiones que otorgan enormes privilegios y poder a las corporaciones trasnacionales, ata de manos a los gobiernos del mundo para poder alcanzar esos anhelos.

El sector extractivista es uno de los que más se aprovecha del régimen de protección de inversiones. El sector minero, en particular, perpetúa el neocolonialismo y utiliza al sistema de arreglos de demandas de inversionistas a estados (ISDS, por sus siglas en inglés). La gran mayoría de las demandas ISDS se dirigen contra países del llamado “sur global”, en su mayoría de América Latina. Se abren camino avasallando la oposición de comunidades locales e indígenas que luchan por sus derechos ambientales. Cuando gobiernos responden en favor de comunidades que se resisten a proyectos mineros, las empresas recurren al sistema ISDS para chantajearlos y obligarlos a llegar a “arreglos” que otorguen los permisos para sus operaciones o recibir una “compensación” por sus ganancias esperadas. Los tratados de inversiones incluyen cláusulas de “protección y seguridad plenas” que dotan a empresas el derecho a exigir a gobiernos el reprimir a comunidades que se oponen a sus proyectos mineros.

El aumento de la demanda de minerales para las transiciones energéticas eufemísticamente llamadas “verdes”, significa que los estados tendrán mayor riesgo de enfrentarse a demandas multimillonarias, dado que estos procesos están generando reacciones sociales a escala mundial. Toda la información de demandas de empresas mineras (y otras) contra estados se encuentra en el sitio ISDS-Tracker (https://www. globalisdstracker.org/), recientemente publicado por el Transnational Institute, el Institute for Policy Studies y otras organizaciones.

Un escandaloso ejemplo de estas demandas ISDS es el de Panamá, país cuyo pueblo se ha levantado contra la minera canadiense First Quantum y logró que en noviembre de 2023 la Corte Suprema de su país declarara inconstitucional la renovación de la licencia de la mina de cobre de esa empresa (https://tinyurl. com/22tbvxra). Esto llevó a que la Asamblea Nacional de Panamá aprobara una ley de moratoria minera (https://tinyurl. com/5n9xn6au). Según reportes, First Quantum ha demandado a Panamá por la impagable suma de 30 mil millones de dólares ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI) de París y ha amenazado con otro arbitraje de 20 mil millones de dólares en virtud del tratado de libre comercio entre Canadá y Panamá. Otras empresas mineras trasnacionales afectadas por la cancelación de licencias han seguido el ejemplo de First Quantum y, en total, Panamá se enfrenta a demandas ISDS por al menos 57 mil millones de dólares, más de la mitad de su PIB (https:// tinyurl.com/2zd4b8jx).

Es necesario poner más atención a esto en México. Hasta la fecha identificamos demandas pendientes en contra del Estado por al menos 13 mil millones de dólares. Más de la mitad corres ponde a firmas mineras (https://tinyurl.com/587cvejf). Esta cifra es parcial, ya que corresponde solo a demandas en el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias de Inversiones del Banco Mundial, el cual suele publicar información en torno ellas. En cambio, la Cámara Internacional del Comercio, donde se ha demandado a Panamá, y otros tribunales supranacionales, no transparentan información. La cantidad de las demandas a México y a cualquier otro país del puede ser mucho mayor de la que conocemos.

El sistema de demandas de inversionistas a estados (ISDS) amordaza a todos los gobiernos del mundo en sus aspiraciones de cumplir con el Pacto del Futuro de Naciones Unidas y hace fútiles sus esfuerzos por “cambiar de rumbo” y por el “pleno respeto de la igualdad soberana de todos los estados miembros, el principio de igualdad de derechos y de autodeterminación de los pueblos”. Así como el sistema ISDS ha sido desmantelado entre países ricos – Estados Unidos y Canadá lo eliminaron entre sí en el T-MEC, la Unión Europea lo eliminó entre sus estados miembros– debe ser terminado a nivel global por el futuro de la humanidad y del planeta.

*Institute for Policy Studies (ips-dc.org) y Transnational Institute (tni.org)