México se encuentra en un proceso de cambios políticos y económicos; se trata de la Cuarta Transformación que en 2018 se consolidó con el esfuerzo de dirigentes y ciudadanos al llegar a la Presidencia el licenciado López Obrador; ahora se ratifica con el rotundo triunfo de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo.
Se ve que la transición será tersa, sin fricciones ni cambios bruscos. Quien deja el poder y quien lo asume tienen sus propias y personales formas de comunicarse, de tomar decisiones, afrontar problemas y no hay en ese cielo tranquilo nubarrones de conflictos o diferencias. En el fondo, en las intenciones y convicciones hay coincidencia amplia; sólo percibo una propuesta que dará algún trabajo, la del cambio a fondo del Poder Judicial, derivada de la iniciativa de quien se va y que tendrá que administrar y consolidar quien llega.
No hay duda de que es necesaria la renovación de los tribunales y evidente que como ha trascendido de los foros que se celebran, no será fácil; requerirá voluntad política, conocimientos e información; también visión clara de lo que exis te y de lo que tendrá que construirse.
El Consejo de la Judicatura, del que formo parte por nombramiento presidencial es, según el artículo 100 de la Constitución vigente, “un órgano del Poder Judicial de la Federación, con independencia para emitir sus resoluciones”. Esto es, no tiene que rendir cuentas sino al pueblo. Cabe aclarar que sus funciones son de administración, vigilancia y disciplina de los órganos que juzgan y sentencian en juicios y controversias, con excepción de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral.
Importa que se conozca la gran dimensión del aparato de recursos humanos y materiales a cargo del consejo. Enumero lo que el consejo tiene bajo su responsabilidad: un presupuesto anual de cerca de 69 mil millones de pesos destinados a salarios, 669 inmuebles, muebles e insumos para ese gran número de dependencias que administra; jueces de distrito, tribunales de circuito, tribunales de apelación, centros de justicia penal, tribunales laborales de asuntos colectivos y de asuntos individuales; plenos regionales y un Centro de Control de Técnicas de Investigación. Cerca de 900 órganos jurisdiccionales, con más de mil 670 titulares, jueces y magistrados, sin contar al personal de apoyo.
Administrar todos esos recursos humanos y materiales corresponde al consejo, que se integra por tres consejeros designados por la Suprema Corte, dos electos por el Senado a propuesta del titular del Poder Ejecutivo y uno más nombrado directamente por él; se completan los siete con quien presida la Suprema Corte. Como se ve, quienes provienen del Poder Judicial son cuatro y sólo tres los que provienen de los otros poderes.
En mi opinión, la primera importante reforma debe consistir en que quien presida la Corte no presida el consejo; el poder de los jueces es dictar sentencias y resolver conflictos, no manejar el aparato burocrático, lo que resta tiempo a su labor jurisdiccional y le otorga un poder económico y político que no siempre se ha manejado con prudencia. Cabe recordar que cuando aprobamos la Constitución Política de la Ciudad de México se estableció esa separación, pero la Suprema Corte, curándose en salud, mediante una sentencia revocó lo aprobado, seguramente considerando que el ejemplo podría trasladarse a escala federal.
El consejo puede corregir mediante sanciones diversas las faltas administrativas del personal, así como de jueces y magistrados; lo que no es de su competencia, es la parte sustantiva de los juicios; no puede opinar sobre el sentido y la solidez de las resoluciones que se toman en ejercicio de la impartición de justicia.
Creo que no se puede ignorar el tamaño y la responsabilidad del trabajo del consejo; tampoco se le puede exigir que tome decisiones que no son de su competencia. El trabajo para atender todo ese amplio aparato es arduo y exige tiempo, conocimientos y atención. Un dato interesante es que las ponencias de los seis consejeros la integran estructuras técnicas mínimas y las que dependen directamente de la Presidencia y de sus secretarías que nombra en forma personal, son muchas veces mayores.
Finalmente, la propuesta que discutirá el Congreso sustituye a los seis integrantes del consejo por 10 nuevos funcionarios electos por voto popular, cinco para un tribunal que deberá atender quejas en contra de los impartidores de justicia y cinco de un consejo administrativo a cargo de los recursos humanos y materiales.
Dos reflexiones. Primera: ¿cómo va a atender un tribunal de cinco personas quejas contra miles de sentencias que se dictan anualmente por jueces y magistrados? Y, finalmente, es muy significativa la afirmación de la futura consejera jurídica de la Presidencia, la preparada Ernestina Godoy, que aclara oportunamente: “Será una renovación gradual” (no veo otro modo).
