La colocación de un histórico líder del narcotráfico mexicano, Ismael Zambada, El Mayo (y un hijo de El Chapo), en manos de autoridades estadunidenses, ha reavivado las esperanzas de opositores a la llamada Cuarta Transformación de potenciar la etiquetación de “ narcogobierno” para debilitar el proceso de continuidad que llevará a Claudia Sheinbaum a la silla del máximo poder mexicano.
Alicaídos y virtualmente sin bandera viable, los opositores rencarrilan sus pretensiones de que desde Washington se enderecen acciones incluso violentas contra los gobiernos (AMLO y próximamente Sheinbaum) a los que no pudieron doblegar en las urnas.
Las propuestas de injerencismo armado que han hecho abiertamente Donald Trump y el aspirante a la vicepresidencia James David Vance alientan tales expectativas opositoras, que incluyen la posibilidad de que la detención, entrega o secuestro de El Mayo sirva de presión contra la reforma judicial en curso, de muyprobable aprobación; argumentan que el “ zam- badazo” ejecutado sin conocimiento ni participación del gobierno mexicano implica una extrema desconfianza a éste y, por extensión, a la propuesta de control del Poder Judicial.
Aun cuando los indicios apuntan a que se trató de una entrega pactada (de otra forma, Sinaloa ardería en estos momentos en una gue-rra de facciones por la presunta traición de unode Los Chapitos a El Mayo), el abogado de Zam-bada asegura que fue una detención en México, practicada por media docena de personas con uniformes militares y Joaquín Guzmán López, luego trasladada a un aeropuerto de Texas. El episodio evocaría lo sucedido con el médico Humberto Álvarez Machain en abril de 1990, cuando cinco o seis personas lo secuestraron para llevarlo a Texas bajo la acusación de haber participado en fases de la tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena. Dos años después, el médico fue devuelto a México, con declaración de inocencia.
La postura del gobierno mexicano, de asumirse totalmente al margen de lo sucedido, sin colaboración alguna, lo pinta de entrada como un ente desconocedor de hechos graves sucedidos o iniciados en su territorio. Pero, al mismo tiempo, ha impedido hasta el momento que haya revanchismos grupales contra la administración pública, con una continuidad del negocio del crimen organizado que no depende de celebridades libres o presas.
Desde luego, la llegada del multicitado Zambada y de uno de los hijos de El Chapo (además, hermano de Ovidio) a las salas de grabación de confesiones del gobierno estadunidense suscita la suposición de que muchos secretos y nombres de involucrados en la gran corrupción habrán de ser develados, sobre todo en función dosificada de los intereses de las agencias específicas de la lucha contra las drogas e incluso de los planes y necesidades de Washington en cuanto a presionar y chantajear a políticos y gobernantes del pasado, del presente ¿y del futuro?
Por otra parte, en el estado de Guerrero, durante una gira en compañía de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, el presidente López Obrador adelantó que hoy hablará con la verdad
y como siempre (con) respeto
a los familiares de los 43 normalistas desaparecidos casi 10 años atrás.
El presidente dialogará con los familiares en Palacio Nacional y, posteriormente, éstos se reunirán con Sheinbaum, en un contexto marcado por una dura carta de respuesta de esos familiares a un anterior reporte
del tabasqueño y, luego, por la emisión de un posicionamiento menos confrontacional, pero que nunca se desdijo de la primera reacción en la que asentaron que se sentían engañados y traicionados por el Presidente.
Y, mientras se esclarece el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, líder fundador del Partido Sinaloense, ocupante de varios cargos públicos importantes pero, sobre todo, opositor férreo al gobierno morenista de Rubén Rocha Moya, ¡hasta mañana!
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