San Cristóbal de Las Casas, Chis. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), afirmó que en varios Centros Estatales de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) de Chiapas, “existe el autogobierno interno en complicidad con las autoridades carcelarias, lo que genera múltiples violaciones a los derechos humanos de los presos, como actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como condiciones de hacinamiento”.

En un comunicado sostuvo que “estas prácticas son parte de un método de actuación del sistema de justicia que hemos denominado Fábrica de Culpables, que viola sistemáticamente el debido proceso legal”.

Agregó que “desde marzo de 2024 hemos señalado la situación de sobrepoblación carcelaria que se padece en el penal El Bambú, del municipio de Playas de Catazajá, con 478 internos, cuando la capacidad máxima es de 120 personas”.

Señaló que “en las celdas, de 9 metros cuadrados, mantienen hacinadas hasta 18 personas, lo que ha provocado que aumente el riesgo de enfermedades infecciosas, situación que se agrava por un sistema inmunológico comprometido”.

El organismo alertó también de “la presencia de múltiples enfermedades reflejadas en ronchas en la piel, síntomas de fiebre, mareos, vómitos y protuberancias de diferentes tamaños, entre otros efectos secundarios presentados” en los prisioneros.

“El foco de infección que presentan empeora sin un tratamiento oportuno y adecuado, lo que lleva a complicaciones graves como septicemia u otras infecciones sistémicas. La falta de seguimiento médico y observación constante reflejan el nulo monitoreo de la evolución de la infección, mucho menos se interviene eficazmente para mitigar el riesgo”, subrayó.

Foto Facebook Fr Raúl Vera López OP

El Frayba manifestó que “la respuesta de las autoridades carcelarias ha sido el traslado forzado e injustificado de la población a otros penales, faltando a la responsabilidad de garantizar el derecho a la salud efectiva y sin discriminación, poniendo en grave peligro la vida e integridad, realizados sin un debido proceso ni recurso efectivo, lo que impacta a la vida familiar de las personas en reclusión, comprometiendo la salud física y mental al exponerlos a condiciones inseguras y limitar su acceso a atención médica adecuada durante el trayecto”.

Afirmó que “lo anterior representa múltiples violaciones a derechos fundamentales como la salud, el trabajo, la educación y alimentación. También afecta la salud mental, exacerbando el estrés, la ansiedad y la depresión”, además de que “el encierro en condiciones tan precarias y la falta de espacio adecuado violan el derecho a condiciones de detención dignas, socavando la dignidad y el respeto como individuos bajo custodia del Estado”.

El organismo que preside el obispo emérito de Saltillo en Coahuila, Raúl Vera López, hizo un llamado al Estado mexicano a que “adopte urgentemente medidas que salvaguarden la salud física y mental para la población recluida en el CERSS número 17 de Playas de Catazajá, y en todos los centros penitenciarios de Chiapas, tomando en cuenta los estándares universalmente reconocidos para la gestión de los centros penitenciarios y el tratamiento de los presos, contempladas en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos”.