Durante la historia de México, su relación con Estados Unidos ha sido diversa y compleja en distintos temas: migración, economía, crimen organizado y drogas. Aunque se han logrado distintos acuerdos respecto a estos temas, los matices se han definido en gran medida con las personas a cargo de cada uno de los países. En la actual coyuntura electoral, política y económica que mantienen ambos Estados-nación no sólo por sus transiciones de gobierno, sino por las crisis humanitarias que transitan y acontecen en ellos, se hace indispensable reflexionar de qué manera se abordarán los derechos humanos.
Es importante recordar que los derechos humanos son un compromiso que, si bien asume y ratifica cada país a través de los tratados existentes, se convierte en responsabilidad internacional garantizar la protección de la dignidad humana de cada persona en el mundo. Sin embargo, estas obligaciones se difuminan cuando los intereses económicos o de particulares se anteponen a las necesidades colectivas, principalmente, de aquellas que históricamente han estado en situación de vulnerabilidad. De acuerdo con el reporte de junio del presente año de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, casi 60 por ciento de la población de más de 18 años siente inseguridad en donde vive.
Entre las ciudades con mayor percepción de inseguridad se encuentran Fresnillo, Zacatecas; Uruapan, Michoacán, y Tapachula, Chiapas. Asimismo, donde la población presenció o escuchó más actividades relacionadas con la venta y consumo de drogas durante este 2024 fueron las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa y Tláhuac de la Ciudad de México. Y sobre la presencia y/o detonación de armas alrededor de sus viviendas, hubo un mayor registro en Cuernavaca, Morelos; Fresnillo, Zacatecas; Chimalhuacán y Ecatepec de Morelos, en el estado de México, y Tijuana, Baja California.
Ante este panorama, la violencia generalizada se ha incrementado en gran medida por la presencia de las drogas y sus cárteles, pero aún más por el aumento de las armas en las calles, cuya problemática radica más en el país vecino que en el propio. Sin embargo, las repercusiones de esta situación están visualizándose más en nuestros territorios, pues son el vehículo para que la violencia armada vaya en aumento, pero la paz y la justicia en detrimento.
En ese sentido, las políticas de seguridad que se han implementado en México se han encaminado a incorporar más armas “autorizadas” mediante policías con facultades que van más allá de garantizar la seguridad pública y civil, en lugar de combatir las condiciones estructurales que perpetúan esto.
Asimismo, las políticas migratorias se han securitizado bajo el argumento de protección de las fronteras y la población del país vecino con la concepción de que la inseguridad viene del Sur y no del Norte. Estos fundamentos están basados en la discriminación racial, económica y con tintes coloniales sobre quiénes pueden ingresar y habitar ciertos territorios, dejando de lado las causas por las que se encuentran en movilidad. Por tanto, es importante que las transiciones de gobierno, tanto en México como en Estados Unidos, puedan colocar el tema de seguridad como uno de los principales a dialogar, donde la lógica armamentista sea modificada por una dinámica de procuración de seguridad pública desde el enfoque de derechos humanos y construcción de paz.
Además, la cuestión referente a las drogas y el crimen organizado tiene que discutirse más a profundidad, en donde los objetivos no se concentren en la captura de los líderes de los cárteles y/o de sus miembros, sino que trasciendan a transformar las causas estructurales que perpetúan la incorporación de más personas en esta problemática, ya sea de forma voluntaria o no. En miras de las negociaciones sobre el tratado del libre comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, es necesario que se recupere el enfoque de derechos humanos con los más altos estándares internacionales en la materia.
Y, por último, recordarnos que la justicia y la paz no se puede lograr mientras la viol encia continúe generándose a través de los intereses hegemónicos y particulares por encima de la protección de la dignidad del pueblo.
