El reconocido pedagogo Henry Giroux acaba de escribir un ensayo sobre su país, Estados Unidos, en el que analiza las crueles políticas neoliberales y de odio a la democracia desde la década de 1970. “En el centro de sus prácticas estatales autoritarias y delincuentes se encuentra una guerra sistémica contra los trabajadores, los jóvenes, los negros y los inmigrantes, cada vez más definida por el aumento de la violencia masiva y un Estado castigador tanto en el país como en el extranjero” (https://goo.su/R7D6).

Resulta evidente que una “guerra sistémica” contra los pueblos debe ir de la mano de la militarización de nuestras sociedades, proceso que estamos viviendo en tantos países y regiones de América Latina, así como en el resto del planeta. Lo importante es comprender su carácter sistémico y no coyuntural o ligado a determinado gobierno. Este es el paso inicial para poder asumir porqué no debemos apostarle a los estados, ya que son precisamente los responsables del nuevo militarismo contra los pueblos.

Días atrás fue publicado el ensayo “Experimentar la militarización. El caso Wallmapu” por Fernando Pairicán y Wladimir Martínez (https://goo.su/lwIC9), en el que analizan dos años de estado de excepción en territorio mapuche de Chile y las consecuencias que tiene en las comunidades.

Lo primero que destacan es que la fase actual de la militarización comenzó durante el gobierno del neoliberal Sebastián Piñera y se mantiene incrementada bajo el progresista Gabriel Boric. Se trata de una política de Estado. Lo segundo es que “esta militarización no ha tenido efectos reales en reducir el nivel de violencia”, según abundantes datos que aportan. Su costo es muy claro: “la sensación de amenaza permanente que pagan las comunidades”.

La presencia de carabineros, policías y ahora también del ejército en las comunidades mapuches no contribuye a disminuir los delitos vinculados al narcotráfico, pero afecta principalmente a los jóvenes que han venido creando nuevas organizaciones autonomistas radicales.

Pairicán y Martínez aseguran que “los procesos de militarización son una táctica de reordenamiento territorial que restringe los vínculos e interacciones de aquellos grupos o poblaciones bajo control, amenazando el modo en que éstos se relacionan, interactúan y habitan con su entorno”.

En paralelo, concluyen que “se impuso un discurso que propició nuevos tipos de racismo a partir de conceptos como narcoterrotistas y violentistas, que fomentaron los estigmas y prejuicios hacia los mapuches, al tiempo que justificaron el despliegue militar en la zona. Antes que ser una solución, este modelo, que podemos llamar como democracia colonial violenta, ha devenido en problema”.

Impotente ante el aumento exponencial de la violencia del narco, el Estado pretende extender la militarización del territorio mapuche a nuevas regiones y ciudades.

En Perú se ha publicado el 18 de julio un informe de Amnistía Internacional sobre las masacres contra campesinos andinos durante las protestas de diciembre de 2022 a marzo de 2023, titulado: ¿Quién disparó la orden? Responsabilidad de la cadena de mando por muertes y lesiones en protestas en Perú, que se saldaron con 50 muertos y mil 400 heridos (https://goo.su/qVCt).

Todos los datos que aporta el informe apuntan a la responsabilidad de la presidenta Dina Boluarte, que asumió luego de la destitución y arresto del presidente Pedro Castillo, y de los altos mandos militares y policiales. En un solo día, el 9 de enero de 2023, en el aeropuerto de Juliaca fueron muertas 18 personas y más de 100 resultaron heridas.

El informe destaca que la Policía Nacional recibía órdenes para “eliminar barreras humanas” y que los comandantes calificaban a los manifestantes de “terroristas”, y que autorizaron el uso de armas de fuego de alto calibre para enfrentar a “las fuerzas adversas”. Enfrentaron la movilización social con la lógica de la guerra para exterminar al bando opuesto.

Año y medio después de las masacres no hay justicia. Raúl Samillán, presidente de la Asociación de Mártires y Victimas del 9 de Enero, califica al régimen como “una dictadura parlamentaria”, punto que coincide con el ensayo sobre la militarización en Wall Mapu.

La geografía de la violencia estatal es exactamente la misma que la violencia colonial durante cinco siglos, algo que se repite en toda América Latina, desde Guatemala y México hasta Argentina y Chile. Es evidente que esta “guerra sistémica” se dirige contra pueblos originarios, negros y campesinos. Antes para robarles oro y plata, ahora consiste en despejar territorios para convertir la vida en mercancía.

La geografía de las resistencias es también la misma que la de las violencias coloniales y extractivistas. Nuestro desafío sigue siendo ampliar geografías, pueblos y sectores sociales involucrados en la resistencia al capitalismo. No está siendo sencillo. La militarización nos impone límites, amenazando la reproducción de la vida.