Ciudad de México. Si el Instituto Nacional Electoral (INE) declara la inconstitucionalidad e ilegalidad de la reciente reforma estatutaria en el PRI, todos los actos posteriores, incluido el proceso para la renovación -o relección- de la presidencia de este partido serán inválidos, señaló Carla Humphrey, integrante de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE.

Lo primero que tenemos que analizar -dijo- es si dada la temporalidad, el partido político podía hacer o no cambios a los estatutos. La proyección la está haciendo la dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos.

“Si eso se decide, que no es el tiempo, entonces no da lugar a entrar al estudio de fondo respecto a si son legales y constitucionales estos cambios. A la par, pues hay seis o siete juicios en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”.

Entonces, añadió Humphrey, lo primero es determinar si están o no los plazos para poder hacer estos cambios.

Lo segundo, es revisar si se siguieron todas las formalidades estatutarias para reformar los estatutos, es decir, si la convocatoria estuvo en tiempo y forma, si se enviaron los documentos a las personas que iban a participar en la asamblea, si los reglamentos se hicieron acordes con lo que dicen los estatutos, si se llevó a cabo con la participación de las y los militantes, es decir, si hubo quorum.

Y después de esto analizar el plazo, la forma y, en su caso, entrar al análisis de si estos son legales y constitucionales.

-¿Es legal que haya iniciado el proceso de renovación de la dirigencia sin el aval del INE a los cambios estatutarios? -se le preguntó a la consejera, integrante de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos.

-La verdad es que sí es una sorpresa porque hay un caso reciente que resolvió la Sala Superior en octubre del año pasado, respecto de los estatutos de otro partido político que determinó que las acciones que hagan los propios partidos, una vez reformados los estatutos, aunque el INE esté en el proceso de validación, son válidos, en tanto que el INE no determine que son legales y constitucionales. Esto quiere decir que si el INE determina que no son legales y constitucionales, todo lo que hicieron es nulo de pleno derecho, es inválido todo lo que hicieron si el INE determina que no son válidos.

-¿El INE debería entrar a fondo del análisis del caso?

-En primer lugar tenemos que ver dos elementos: ¿pueden o no hacer reformas en este tiempo? ¿cumplieron con todas las formalidades para hacer estos cambios? Y entonces decidir, ¿son legales y constitucionales los cambios?, planteó.

El INE recibió el viernes pasado la documentación del PRI y tiene 30 días naturales para emitir una resolución al respecto. Primero se votará el tema en comisión y luego en consejo general del Instituto.