Madrid. El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, solicitó al juez de audiencia provincial de Madrid, Juan Carlos Peinado, testificar por escrito en su citación del próximo martes, en la que fue citado a declarar como testigo en el proceso judicial abierto en contra su esposa, Begoña Gómez, investigada por los delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias. El mandatario español alegó su condición de jefe del Ejecutivo para beneficiarse de esta prerrogativa, que le permitiría dar sus respuestas por escrito y no someterse al interrogatorio del magistrado.

A través de una carta, Sánchez respondió a la citación judicial del juez Peinado: “Por razón de mi cometido como presidente del Gobierno, mi declaración se deberá prestar por escrito”, en una respuesta en la que además apela a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la que se establece que “están exentos de concurrir al llamamiento del Juez, pero no de declarar, pudiendo informar por escrito sobre los hechos de que tengan conocimiento por razón de su cargo el Presidente y los demás miembros del Gobierno”.

El juez Peinado tenía la intención de acudir a la residencia oficial del presidente del gobierno, La Moncloa, para llevar a cabo el interrogatorio, pero ahora deberá de decidir en función de lo alegado por el mandatario español, quien además explicó que “es notorio que mi comparecencia resulta inescindible de la condición de presidente del Gobierno”. Además explica que se enteró “a través de los medios de comunicación de la decisión de practicar mi declaración testifical en el seno de unas diligencias previas que se tramitan en su juzgado”, sin embargo ratifica “su voluntad, como no podía ser de otro modo, de colaborar con la administración de Justicia, siempre en el marco del estricto cumplimiento de la Constitución Española y la ley que a todos nos vinculan y que son la máxima garantía de nuestro Estado de Derecho”.

Entre tanto, Sánchez mantuvo una cumbre bilateral con el presidente de la comunidad autónoma de Cataluña, Pere Aragonés, que se encuentra en funciones y a la espera de ser remplazado por su sucesor en el cargo tras las elecciones del pasado 12 de mayo. Ambos dirigentes oficializaron el traspaso de las competencias en el sistema del ingreso mínimo vital, tal y como habían acordado en los meses previos para sacar adelante la investidura del gobierno de Sánchez, al tiempo que el líder catalán insistió en sus reivindicaciones de condonar la deuda pública de la región, que asciende a 15 mil millones de euros, y consolidar la autonomía fiscal total de la comunidad autónoma para sacar adelante la investidura del aspirante socialista a sucederle en el cargo, Salvador Illa. El desbloqueo de esta cuestión es vital para Sánchez de cara al futuro de la legislatura, en la que está a expensas de los 14 diputados que tienen los independentistas catalanes, los siete de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y sobre todo los siete de Junts per Catalunya (JxCat), liderada por Carles Puigdemont, y quien está dificultando más la aprobación de sus iniciativas legislativas.