Chihuahua, Chih. El ex mandatario panista Javier Corral Jurado no se presentó a comparecer ayer ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), donde le siguen dos procedimientos de responsabilidad administrativa relacionados con sus declaraciones patrimonial y de conflicto de intereses, entre 2019 y 2021, como gobernador de Chihuahua.

El actual senador electo de Morena por la vía plurinominal justificó su ausencia y negativa a comparecer con el argumento de que “está ocupado en el análisis de la reforma judicial y de propuestas legislativas anticorrupción.

“No pienso participar en el circo mediático orquestado por el ‘maruduartismo’ y sus personeros”, puntualizó en una publicación en Facebook. Dijo que respondió por escrito para desahogar la audiencia inicial del expediente EPRA 049/2021, como lo dispone el artículo 208 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Roberto Javier Fierro Duarte, encargado de despacho de la SFP, informó que un abogado privado atendió la diligencia. Para nosotros fue la primera y última audiencia; Corral ya tuvo su oportunidad y garantía para presentar alegatos y pruebas referentes a las conductas que se le imputan; ahora el asunto pasará al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, advirtió.

A partir de ayer la SFP tendrá tres días hábiles para integrar el expediente y enviarlo al tribunal administrativo, del que dependerá la sanción y posible inhabilitación de Corral para ocupar cargos públicos, pues las omisiones en la declaración patrimonial y de conflicto de intereses se consideran una falta grave.

El 5 de julio, la SFP de Chihuahua informó que abrió una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal contra el ex mandatario.

Las conductas advertidas se relacionan con sus declaraciones patrimoniales de modificación y de conclusión en su encargo como gobernador constitucional (2016-20121); esto es, no declaró un inmueble del cual se conduce como dueño, lo que se considera falta administrativa grave, precisó la dependencia.

En 2019, el entonces panista compró por remate judicial y en un presunto tráfico de influencias la vivienda y predio aledaños a su casa en la colonia Partido Romero de Ciudad Juárez, pero nunca reportó la nueva propiedad en sus declaraciones patrimoniales y disfrazó la adquisición como una ampliación de su patio.

Los dos procesos administrativos son resultado de dos denuncias interpuestas ante la SFP y la fiscalía del estado en diferentes fechas de 2022. Una la presentó el diputado local priísta Omar Bazán Flores, por la compra de la casa en Juárez.

La segunda la realizó el actual alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, sobre la misma adquisición, porque no se reportó en el catastro municipal y constituye una presunta evasión en el pago del impuesto de traslación de dominio.